Acción Educar realizó una estimación para ver cómo se podrían distribuir de mejor forma los fondos contemplados.
Desde que el Ejecutivo decidió dividir el proyecto de reforma a la educación superior -a raíz de las presiones de las universidades del Estado y de un grupo de parlamentarios-, los planteles tradicionales no estatales no han parado de criticar la propuesta.
Según ha afirmado el G9 (donde se reúnen estas últimas casas de estudio), poner atención exclusiva a las 18 instituciones públicas es un acto “discriminatorio” que atenta contra el sistema universitario.
Con el proyecto sobre universidades del Estado -ingresado al Congreso el 6 de junio-, el Ejecutivo otorgará, entre otras cosas, un financiamiento especial que ascenderá a $150 mil millones, gracias a un préstamo del Banco Mundial.
Este dinero será repartido entre las universidades en los siguientes diez años; sin embargo, la manera en que se otorgará aún no está clara.
Distribución desconocida
Actualmente se desconoce la fecha en la que el proyecto comenzará a ser tramitado por la comisión de Educación del Senado.
No obstante, para anticiparse a los cambios que la iniciativa traería al sistema, Acción Educar hizo un ejercicio para “prever en qué medida aumentarán los recursos institucionales” y qué universidad sería la más beneficiada con el proyecto.
Para esto, la fundación utilizó cinco parámetros de estimación distintos. Uno es siguiendo la distribución del Convenio Marco de este año; el otro es según los criterios históricos (al igual que el Aporte Fiscal Directo), y también se consideró según los resultados académicos y de calidad (el 5% del AFD). Además, se hicieron compensando los resultados de acreditación y pensando en una distribución equivalente.
Así, si los fondos son asignados de acuerdo a la distribución histórica, la U. de Chile se convertiría en el plantel que más dinero obtendría. De acuerdo al estudio, el Estado le entregaría el 32,3% del dinero, lo que se traduce en $4.850 millones.
Pero si el criterio es la distribución según los resultados académicos, sería la U. de La Frontera la que tendría una mayor cantidad de recursos. Captaría el 22,7% de los fondos, equivalentes a $3.400 millones (ver infografía).
De manera general, Acción Educar estima que promediando todos los criterios, los fondos podrían incrementarse entre un 6% y un 32%. El mejor escenario es para la U. de Atacama, mientras que el crecimiento más restringido lo tendría la U. de Chile.
¿Mejor opción?
Para Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar, la opción más favorable para asignar los recursos debe ser la distribución por resultados.
“Nos parece que cualquier asignación de recursos, tanto para las universidades del Estado como para las privadas, debiese considerar los resultados y los bienes públicos que esas instituciones están en condiciones de proveer, considerando que lo que justifica la entrega de recursos fiscales es la producción de bienes públicos”, declara.
Eso sí, sostiene que si se va a disponer de importantes recursos públicos, “esos no debiesen estar concentrados solo en las instituciones estatales”.
Así como ya se generó un conflicto entre los planteles del G9 y el Consorcio de Universidades del Estado, Figueroa no descarta que se produzcan tensiones entre las instituciones estatales. “Como a todas les interesa recibir recursos, creemos que ahí se puede producir un foco de conflicto”. Y además, se anticipa que “eso podrá llevar a conflictos en la tramitación del proyecto”.