El Mercurio: Expertos adelantan los escenarios que enfrentaría la gratuidad luego del TC
Por C. Said y J. Herrera
Los diez integrantes del Tribunal Constitucional (TC) definirán hoy la admisibilidad del requerimiento que la oposición presentó contra la gratuidad 2016, política que 31 parlamentarios de Chile Vamos consideran discriminatoria y que no debió ser tratada en la Ley de Presupuestos.
El tribunal tiene hasta el 23 de diciembre para dictar una resolución -un día antes, las universidades deben informar si desean acceder a la gratuidad-, y en distintos sectores hay preocupación por los efectos que traería la decisión del tribunal.
El director del Centro de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE), Andrés Bernasconi, afirma que lo relevante de la sentencia “es la generación de nueva jurisprudencia sobre el delicado problema del contenido de la igualdad ante la ley en materia de educación superior”.
Y detalla que “en sus últimos fallos, el TC ha ido redefiniendo el balance entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza para reforzar el primero. En este caso, el TC tiene la oportunidad de definir, con mayor precisión que hasta ahora, el límite entre la legítima autoridad del Poder Legislativo para hacer política pública dentro de un marco presupuestario, y la discriminación injustificada que afecta los derechos de los beneficiarios o excluidos de esas políticas”.
Con todo, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, afirmó en la Radio T13 que el tribunal “no puede pretender aumentar el gasto del Gobierno”, por lo que “si se nos cae la glosa, pueden quedar instituciones afuera. Igual, con los mecanismos alternativos que tenemos puede que no alcance para todos”.
¿Pero cuáles son los instrumentos que el Ejecutivo debería considerar en caso de que la gratuidad sea impugnada?
1 ¿A quién beneficiar?
Según el ex ministro de Educación Ernesto Schiefelbein, antes de tomar una decisión sobre la gratuidad, el Gobierno debe definir a quiénes quiere beneficiar.
Esto, porque si la gratuidad es restringida solo a los planteles del Consejo de Rectores (CRUCh), “van a quedar muchos jóvenes vulnerables fuera, ya que el CRUCh selecciona a sus estudiantes según la PSU”, donde los que obtienen mejores puntajes provienen de estratos socioeconómicos más altos.
“Debieron haber discutido a fondo las alternativas y haber analizado las consecuencias de cada una de ellas, porque ahora están centrados en buscar un mecanismo de salida”, añade.
2 Mejorar las becas:
El director de Acción Educar y ex asesor jurídico del Mineduc, Raúl Figueroa, plantea que en caso de que la gratuidad no pueda ser entregada según se definió en el presupuesto, la opción para cumplir la promesa es a través de becas. Esto se podría hacer “robusteciendo” el sistema (creando un nuevo beneficio), o bien, a través de reglamentos, se pueden aumentar los montos de las becas.
En caso de desistir de las becas, una opción sería tramitar una ley corta que contenga estos recursos, lo que el Ejecutivo ya descartó. Sin embargo, el investigador de la U. Diego Portales, Felipe Salazar, dice que el Gobierno buscará cumplir a toda costa su promesa, incluso usando esa vía. “El Gobierno va a utilizar cualquier alternativa que sea viable, van a cumplir la meta y el traspié será solo temporal”, añade.
3 Aportes basales
Para Cristián Miquel, asesor legislativo de Educación 2020, la opción más viable sería a través de los aportes basales y convenios de desempeño para las universidades del CRUCh, lo cual dejaría afuera a las otras nueve instituciones privadas y técnicas que, por el momento, pueden optar al beneficio. Según él, de esta forma los planteles siguen siendo sometidos a exigencias de calidad.
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