Previo a la definición de los argumentos de los ministros del TC sobre la inconstitucionalidad del artículo 63 -que buscaba que las instituciones de educación superior no tengan controladores con fines de lucro- ya existía preocupación entre rectores, expertos y congresistas.
El vicepresidente del Consejo de Rectores (CRUCh), Aldo Valle, aseguró que “hemos sido muy convergentes, en el sentido de que no es edificante para el sistema cultural del país que intervenga el lucro a propósito de la <educación. Hay muchas otras actividades en las que el lucro legítimamente tiene un espacio”. Pero puntualizó que “la ley lo ha dicho siempre, no es algo que se esté introduciendo ahora, (la prohibición del lucro en las universidades) ha sido legislación vigente desde 1981”.
Valle calificó como un retroceso que se declare inconstitucional el artículo 63. “Hemos logrado un clima pacífico, de armonía y el conflicto se estaba cerrando con la reforma. Por ello, esperamos que siga cerrado y no se abra por una decisión que representa un rechazo a una demanda social muy amplia”.
El director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, postuló que, aunque se elimine dicho artículo, la reforma “tiene una gran cantidad de provisiones, como la superintendencia de educación superior, que regulan con bastante rigidez el uso de recursos” por parte de las instituciones. Por eso, dijo, “es imposible que una institución lucre o saque los recursos”.
En tanto, el presidente del Senado, Carlos Montes, hizo una crítica al rol del tribunal. “El TC se está transformando en un bloqueo al funcionamiento de las instituciones democráticas (…). Es urgente que haya una reforma al Tribunal Constitucional y debería ser parte de los acuerdos nacionales que se están planteando”.