Mientras Acción Educar plantea que se deben retomar algunos puntos modificados, Educación 2020 valora los cambios.
El miércoles, tanto el Gobierno como la oposición se mostraron conformes con la aprobación por parte del Senado del proyecto que busca sancionar la violencia provocada por cualquier integrante de la comunidad escolar.
Si bien los senadores se pusieron de acuerdo para dar luz verde a la iniciativa del Ejecutivo -tras una serie de cambios-, aún falta que los diputados revisen el escrito, por lo que aún puede haber nuevas modificaciones.
Con todo, ayer distintos expertos coincidieron en que es una buena señal que haya una iniciativa que aborte el tema de la violencia. “Es positivo que el proyecto se haya seguido tramitando y que las indicaciones que se hicieron no hayan modificado el corazón y esencia del proyecto original”, dice Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.
Eso sí, asegura que “como quedó redactado ahora (el texto) es más vago, y por lo tanto pierde la fuerza que tenía el proyecto original”. Esto porque, por ejemplo, no se especifica los tipos de agresiones que se van a sancionar y se eliminan palabras como “bombas molotov”.
Una postura opuesta mostraron desde Educación 2020. “Valoramos bastante los cambios que se generaron y el proyecto que finalmente fue aprobado”, dice Nicole Cisternas, directora de política educativa de la fundación. “Creemos que ahora el proyecto asegura el debido proceso”, agrega, pues se aumentó de cinco a 15 los días que duraría el proceso para sancionar a un estudiante.
Según Educación 2020, “el primer proyecto se centraba solo en los estudiantes, y ahora se apunta a hechos graves o gravísimos que sean cometidos por cualquier miembro de la comunidad”.