Esta semana el Simce ha dado que hablar. El jueves se dieron a conocer los resultados de la evaluación de escritura de 6° básico. Dos días antes, y tras varios meses de debate, el Consejo Nacional de Educación resolvió no aprobar la apelación del Ministerio de Educación para suspender la aplicación de la prueba de Lectura en 2° básico, uno de los aspectos que más controversia ha causado en los últimos meses. Aunque no es el único.
Y es que pese a sus 27 años evaluando los resultados de aprendizaje de los colegios y el logro de los contenidos del currículo escolar, el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) está lejos de lograr consenso.
Efectos perversos
La prueba Simce es una medición censal: la rinden todos los alumnos de un mismo nivel en todo el país. Anualmente lo hacen estudiantes de 2°, 4°, 6° y 8° básico y de 3° y 4° medio. Las áreas que se evalúan son Matemática; Lenguaje y Comunicación; Historia, Geografía y Ciencias Sociales; Ciencias Naturales, e Inglés.
“Es un instrumento útil, que se ha ido perfeccionando, lo que permite brindar buena información a las familias y a los colegios, y ha aportado al diseño de las políticas públicas para mejorar el aprendizaje de los niños”, dice Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.
También reconoce avances Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos: “Ha mejorado mucho la información que entrega a las escuelas, los reportes que se hacen son mucho más completos y comprensibles, lo que facilita que ellas mismas puedan ir mejorando sus prácticas de enseñanza y los aprendizajes de sus alumnos”.
Sin embargo, hay voces que advierten “efectos perversos” de la medición.
“El Simce está asociado a una serie de incentivos y castigos, que incluyen desde bonos al sueldo de los docentes que obtienen mejores resultados hasta menor autonomía para la escuela en el uso de recursos o incluso la revocación de su reconocimiento oficial si no tiene buen puntaje”, destaca Paulina Contreras, investigadora en política educativa y cultura escolar, y vocera de la campaña Alto al Simce.
“Cuando los resultados se asocian a consecuencias tan severas, la evidencia nacional e internacional ha reportado efectos no deseados, como establecimientos que dejan de enseñar asignaturas que no son medidas, excluyen a los estudiantes más desaventajados académica o socioculturalmente y se focalizan solo en un grupo minoritario de estudiantes. Esto genera una inflación de los puntajes en el corto plazo, a costa de un empobrecimiento de la calidad educativa a mediano y largo plazo”, advierte Bernardita Muñoz, psicóloga educacional cuya investigación doctoral en la U. de Bristol (Inglaterra) se centró en medidas para evaluar de manera más justa la efectividad de los establecimientos secundarios chilenos.
Carrera por el puntaje
La psicóloga Patricia Guerrero, académica de la U.C. Silva Henríquez e investigadora en salud mental docente, ve las consecuencias en terreno, especialmente en escuelas municipales y subvencionadas. “El Simce ha impuesto una lógica que tiene abrumados a muchos profesores. El director les pide tener un buen puntaje, temen perder los beneficios ganados con la Ley de Subvención Escolar Preferencial, los niños se estresan o se cansan de entrenarse para las pruebas y los profesores culpabilizan a los alumnos porque no rinden, afectando el vínculo entre ambos”.
Los colegios, agrega, se enfocan en implementar metodologías para mejorar su Simce, pagan a agencias de Asistencia Técnica Educativa para hacer ensayos y focalizan recursos pedagógicos y tiempo en los cursos que deben rendir la prueba, en desmedro de los otros.
Número de pruebas
En gran parte para reducir esas externalidades negativas, se han propuesto fórmulas como reducir el número de pruebas, espaciarlas en el tiempo y cambiar las evaluaciones censales por muestrales. En ninguno de estos puntos hay acuerdo.
En enero la comisión convocada por el Mineduc para revisar el Simce recomendó mantener la evaluación censal, pero reducir significativamente la frecuencia y cantidad de pruebas aplicadas a la mitad o incluso un tercio, dijo Lorena Meckes, investigadora que lideró la comisión.
“Para medir los aprendizajes no tiene sentido una prueba censal”, discrepa Paulina Contreras. “Evaluar una muestra significativa de estudiantes permitiría tener un panorama general y quitaría algo de presión a las escuelas”.
Sylvia Eyzaguirre matiza: “Si se quiere orientar la política pública, bastan las pruebas muestrales. Pero si se quiere impactar a nivel de calidad en la sala de clases, es importante que sean censales y que su periodicidad se mantenga anual”. Esto, señala, permite a las escuelas contar con un diagnóstico adecuado de lo que es necesario reforzar y de lo que se está haciendo bien.
Sin embargo, también se ha criticado que el carácter censal de la prueba implica que sus resultados tarden más de 6 meses en llegar a los colegios, lo que impide al profesor tomar acciones correctivas en el curso que fue evaluado.
Sobre el número de pruebas, Carlos Henríquez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación -entidad que administra la evaluación-, señala que “tenemos un número de pruebas excesivo para la utilización que se requiere” y se abre a hacer evaluaciones individuales, no por curso, “sin consecuencias a nivel nacional, sino por trabajo formativo”.
Con esto, dice, “y ojalá en el menor tiempo posible, el profesor podría tomar medidas correctivas para que el niño aprenda más y mejor”.
Incorporar una mirada más integral
Para medir de mejor manera, la opinión casi transversal es que se necesita una mirada más amplia de lo que se entiende por calidad educacional. “Mientras países como Australia y Hungría incluyen en sus definiciones indicadores de ciudadanía, o Irlanda y Holanda miden el desarrollo social y emocional de sus estudiantes, el Simce restringe su definición al logro académico”, compara Bernardita Muñoz. Sylvia Eyzaguirre coincide en la importancia de evaluar las habilidades blandas: “Estas son muy predictivas del éxito futuro de la persona, e incluso pueden ser más significativas que las duras”.
Para Patricia Guerrero, medir la calidad de la educación no puede dejar de lado situaciones que ocurren en los colegios y que influyen en el rendimiento: “Desde cómo se trata la diversidad, la inclusión y la vulnerabilidad en la escuela, hasta los hábitos de alimentación y sueño tienen impacto sobre la calidad del aprendizaje”.
Y a juicio de Paulina Contreras, es urgente “quitar las consecuencias asociadas a la evaluación. Esta debe ser formativa, no punitiva”.
Puntos de vista
“En tres liceos con alta tasa de embarazo no pudimos implementar un programa de sexualidad adolescente porque los recursos se redestinaron a ensayos Simce. La prueba está ordenando las prioridades de las escuelas”. Patricia Guerrero, Académica e investigadora, U.C. Silva Henríquez
“Lo que proponemos es pensar un sistema de evaluación nuevo, más integral, que recoja la complejidad de la vida escolar, incluyendo la convivencia, la formación valórica, lo que ve el profesor en su sala”. Paulina Contreras, Vocera Alto al Simce
“Nosotros no hacemos rankings , porque hay un error técnico en hacerlo. Las diferencias de puntaje se explican fuertemente por el nivel socioeconómico. Sin controlar ese factor, el puntaje no nos entrega el valor agregado que están entregando los establecimientos”. Carlos Henríquez, Director ejecutivo, Agencia de Calidad de la Educación
“Sería un error eliminar el Simce, sobre todo cuando se busca mejorar la calidad del sistema. No puedes mejorar algo que no conoces, y para conocerlo es importante tener ciertos elementos de medición”. Raúl Figueroa, Director ejecutivo Acción Educar