El Mercurio: Expertos y sostenedores critican Ley de Inclusión, afirman que generará grave endeudamiento y temen cierre de colegios

• 31 de Mayo, 2017

A un mes del plazo que estableció el Mineduc para que colegios adelanten si se transformarán en fundaciones sin fines de lucro.

Señalan que la gran mayoría de establecimientos tendrán que usar recursos para comprar inmuebles y no invertir en calidad.

Por G. Pardo

Jorge Beffermann, Santo Tomás: “No quieren que los colegios pasen a particular pagados”

Jorge Beffermann es el director nacional de los Colegios Santo Tomás, que incluye a ocho establecimientos.

Explica que, en el caso de su institución, tres de esos establecimientos van a quedar en condición de particular pagados, pero que si no se hubiera aprobado esta ley, los habrían mantenido como particular subvencionados.

En este proceso de transformación denuncia que la autoridad “de forma ilegal y arbitraria” les ha impedido llevarlo adelante en el caso de su colegio en Puerto Montt, por lo que presentaron un recurso de protección ante los tribunales. “No quieren que los colegios pasen a particular pagados, nos han puesto toda clase de obstáculos”, dice.

Señala además que la transformación implica para los padres y apoderados un costo significativo, porque tendrán que pagar una colegiatura mayor respecto de lo que pagaban con financiamiento compartido.

Beffermann plantea, por otra parte, que el paso a fundación sin fines de lucro implica “alto riesgo financiero y no es claro que alguien lo quiera financiar.

En su opinión, “hay muchos colegios que van a cerrar. No solo por el problema de convertirse en fundaciones, sino además porque hay una persecución contra los subvencionados. Te piden informes, te van a ver, te multan por cualquier cosa. Hay un hostigamiento tremendo”.

-Raúl Figueroa, Acción Educar: “Obligar a los colegios a ser dueños de inmuebles es absurdo”
El director ejecutivo de Acción Educar, fundación sin fines de lucro que genera investigación sobre educación, plantea que su institución fue crítica desde un comienzo de la Ley de Inclusión.

Hoy su visión no ha cambiado. Lo primero que plantea es que “la obligación que se impone a los colegios de ser dueños de los inmuebles donde operan es en extremo absurda. Lo que hace es obligar a desarrollar determinadas inversiones que no son fundamentales para el mejor desarrollo de sus proyectos educacionales”.

De ese modo, dice, “obliga a disponer de recursos que en este caso no van al sostenedor sino al banco que presta el dinero y, por lo tanto, es una imposición que a mi juicio debiese revisarse. Sería razonable que se deje sin efecto esa restricción considerando que hay consenso en que no es útil para la mejora del sistema, por el contrario, genera dificultades en la gestión de los colegios”.

Figueroa recuerda que “se agregó como una especie de incentivo para que los colegios se transformen a sin fines de lucro” que lo definan antes del 30 de junio y así se les extiende por cuatro años más (en total 10 años) la posibilidad de que arrienden el inmueble donde funcionan”, pero estima que esto tampoco tendrá efectos positivos.

Y resalta que definir en cuanto a calidad si un colegio es bueno o es malo no tiene que ver con si tiene o no fines de lucro.

-Hernán Herrera, Conacep: “La gran mayoría de los sostenedores no van a tomar la decisión en junio”
Para el presidente de Conacep (Colegios Particulares de Chile), Hernán Herrera, “la fecha del 30 de junio” establecida para que los colegios particulares subvencionados adelanten si desean optar a ser fundaciones sin lucro “es para efectos de poder optar a 4 años más de arriendo” del inmueble. Es decir, hasta 2027 y no 2023, como estaba establecido originalmente.

“Lo que nosotros tenemos como información es que la gran mayoría de los sostenedores no van a tomar esa decisión en junio, sin perjuicio -y lo quiero decir responsablemente- de las presiones que está ejerciendo el Ministerio de Educación frente a nuestra gente de distintas maneras. Están poco menos que forzándolos para que se pasen a entidades sin fines de lucro en esta fecha”.

En ese sentido, enfatiza en que la verdadera “fecha límite es el 31 de diciembre de este año, y ahí sí tienen que tomar la decisión, teniendo la obligación de convertirse en fundaciones sin fines de lucro, o se pasan a particulares pagados, o se salen del sistema”. Por ello, Herrera se pregunta: “¿Cuál es nuestra preocupación? Desgraciadamente, hasta hoy no hay claridad respecto del traspaso de la propiedad a estas entidades sin fines de lucro en términos de venta. Mal los dueños de la propiedad pueden tomar la decisión en conjunto con los sostenedores en un tema tan delicado si no tenemos todavía el instrumento para producir esta venta. Este instrumento no existe, no sabemos las tasas. Lo que está haciendo el Ministerio es de enorme irresponsabilidad”.

Por otro lado, plantea que es “inviable para colegios que no tengan financiamiento compartido sobre 60 u 80 mil pesos” pasar a ser particulares pagados.

-Mariana Aylwin, ex ministra: “Hay sostenedores que recorren bancos y no tienen posibilidad de crédito”
La ex ministra de Educación, Mariana Aylwin afirma que la llamada Ley de Inclusión “para aquellos colegios que ya eran fundaciones y tenían un copago bajo ha significado un beneficio ya que hay un incremento de recursos tanto por la subvención preferencial como por la subvención por gratuidad. Pero los problemas mayores los están viviendo establecimientos que son particular subvencionados con fines de lucro y que son pequeños”.

De hecho, recuerda, tuvo que aprobarse una Ley Miscelánea que permitió a los colegios más pequeños ampliar el plazo de arriendo de inmuebles. Porque lo cierto es que la obligación de que las nuevas fundaciones sin fines de lucro compren la infraestructura es fácil para los grandes ya que los bancos les van a prestar el dinero, pero es muy difícil para los pequeños porque no tienen flujo de caja”.

En esa línea, Mariana Aylwin afirma que “hay muchos sostenedores que recorren y recorren bancos y no tienen la posibilidad de obtener un crédito para comprar la infraestructura”, si buscan transformarse en fundaciones sin fines de lucro.

Por otro lado, plantea que en el futuro “hay establecimientos que van a pasar a ser particular pagados, van a tener que reducir su matrícula y cobrar más caro. Eso significará que el proyecto educativo va a ser para un grupo más selectivo con lo que el objetivo de la inclusión no se cumple. Se produce una circunstancia en la cual hay un sector de padres que van a salir perjudicados”.

Finalmente, agrega que para mejorar la calidad los colegios tienen que tener “más flexibilidad que la que da la Ley de Inclusión, por ejemplo, en el uso de los recursos, pero como todo está normado sobre la base de la desconfianza la flexibilidad no existe”.

-Tomás Ariztía, Sagrado Corazón de La Reina: “La opción de la mayoría es cerrar o convertirse en fundación”
Según explica Tomás Ariztía, sostenedor del Colegio Sagrado Corazón de La Reina, “la opción que tiene la gran mayoría de los colegios es cerrar o transformarse en una fundación sin fines de lucro. Lo grave de eso es que los colegios están viéndose forzados a tomar esa decisión. Se les está diciendo ‘transfórmese en una fundación pero para eso tiene que ser dueño de la infraestructura’. Ese es el gran escollo”.

En ese sentido explica que esto “implica que esos colegios -la gran mayoría en Chile- se van a endeudar a 25 o 30 años con los bancos para pagar la infraestructura en la que funcionan”.

En ese sentido, Ariztía afirma que “el término del lucro no es real. Lo que están promoviendo es un retiro patrimonial de proporciones. (…) Usted hace ese retiro y de ahí en adelante la fundación le sigue pagando al banco por los próximos 25 o 30 años el valor de la infraestructura en cuotas con cargo a las subvenciones escolares”.

“Eso de que a partir de la Ley de Inclusión los recursos con los que cuenta el Estado irán a educación, que se entiende por cualquier cosa menos edificios, es falso. Porque va a ir a los bancos”, dice

Por otro lado asegura que la mayoría de los colegios tienen un copago muy bajo, el promedio es del orden de 15 mil pesos. Esos colegios no tienen ninguna opción de empezar a sustentarse solos y empezar a cobrarles a los papás como particular pagado”.

Ver nota en El Mercurio.