El Mercurio: Estado deberá subir sus aportes de us$ 1.362 millones a cerca de us$ 5 mil millones por gratuidad

• 16 de Marzo, 2015

Por cada $10 que ingresan a la educación superior, $6 provienen del pago de aranceles. Y en total, son más de US$ 2.800 millones financiados por distintas vías, siendo el bolsillo de las familias la principal fuente de recursos.

Así lo muestra un informe del Servicio de Información de Educación Superior del Mineduc, que analizó los últimos estados financieros de las instituciones, correspondientes a sus balances 2013. El documento informa que 46% de los ingresos vía arancel lo pagan las familias, mientras 37% viene de créditos y becas estatales, y el resto de financiamiento privado (ver infografía).

En el debate de la gratuidad en la educación superior, estos datos cobran importancia pues dan luces de cuánto sería la inversión estatal que debería haber para que los alumnos estudien sin pagar.

Según se desprende del informe del Mineduc, serían al menos US$1.000 millones los que da el Estado a los distintos centros de estudio, por lo que faltarían otros US$ 4.000 millones para llegar a los cerca de US$ 5.000 millones que han estimado los expertos como costo anual de la gratuidad para todo el sistema.

Más precisos son en la Fundación Acción Educar. Según los expertos, en un escenario conservador, la gratuidad tendría un costo de US$ 4.975 millones.

Con eso en mente, señalan que el Estado destinó, en 2013, US$ 1.362 millones en concepto de becas y créditos, por lo que el costo incremental para la gratuidad sería de $3.613 millones.

A la fecha, “la cobertura de becas es superior en los institutos profesionales (11%) que en las universidades privadas (3,8%), lo cual responde a la estructura de incentivos en becas, más enfocada en universidades del Consejo de Rectores y carreras técnicas”, dice el texto del Mineduc, y agrega que los planteles estatales son los que reciben más recursos públicos.

Compromiso

“Hoy la universidad no es gratis ni siquiera para los que no tienen recursos. El Estado les cubre una parte, e incluso las familias más vulnerables acumulan deudas de $500 mil, $800 mil al año, que es una enormidad. Eso va a comenzar a terminar definitivamente el 2016 y partiendo por los más vulnerables”, afirmó hace unos días el ministro Nicolás Eyzaguirre.

En medio del compromiso de dar gratuidad universal, el titular del Mineduc enfatizó que se comenzará con o sin proyecto de ley, partiendo por los sectores vulnerables. Para esto, su cartera estudia alternativas, como empezar por las universidades estatales o ajustar los aranceles de referencia para que cubran el valor real de las carreras en algunos casos.

Pero con los datos del informe, un grupo de expertos asegura que se confirma el enorme gasto que representará para el fisco la gratuidad universal. Aunque coinciden en que llegar al 70% más vulnerable en este gobierno es menos complejo, dicen que avanzar más allá puede generar una política regresiva.

“Probablemente no estamos tan lejos de resolver el financiamiento del 70% de los estudiantes más pobres, que es lo que está en el programa de gobierno (…). El problema de la gratuidad universal es que es bien probable que el 46% que financian las familias esté concentrado en jóvenes de estrato social alto y a ese grupo es bien discutible que tenga sentido llevar la gratuidad”, comenta Andrés Bernasconi, director del Centro de Estudios de Políticas y Practicas en Educación de la UC. A su juicio, sería mejor que los recursos fueran a becas de mantención para los más pobres, para que no deserten.

“Para muchos chicos la gratuidad es solo parte del problema, porque tienen que generar ingresos para sus casas”, agrega Sergio Urzúa, académico de la U. de Maryland. Para él, es fundamental que se conozca cómo están financiados los jóvenes de menos recursos y se estudie cuántos están fuera de la universidad, antes de dar gratuidad completa, que estima en US$ 5.200 millones.

Los otros desafíos

Raúl Figueroa, director de Acción Educar, plantea que es importante dar gratuidad al 70% más vulnerable, pero con un “sistema de becas y créditos disponible para todo el sistema (…). Los alumnos del Consejo de Rectores tienen becas y créditos más ventajosos y eso es una discriminación alta respecto de quienes van a universidades privadas”.

Es por eso que el académico de la UDP José Joaquín Brunner dice que el financiamiento debería ser focalizado y “acompañado por aranceles de referencia más realistas y próximos a los aranceles reales, y generar condiciones e incentivos para que las instituciones acreditadas no eleven el precio más allá del IPC”. Para él, el uso de los dineros es clave porque el Estado debe aumentar el financiamiento a la primera infancia y a los niños en edad escolar de los grupos más pobres.

• Discusión: Este año se presentaría el proyecto que reforma el sistema de educación terciaria.

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