Mientras el Gobierno trabaja en ajustes inmediatos, como la regulación de aranceles y vacantes, expertos del área Educación Superior plantean la necesidad de avanzar en un diseño más amplio de esta política pública que ha beneficiado a más de 400 mil alumnos.
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Si en algo coinciden expertos y actores del sistema de Educación Superior es que, a seis años de su implementación, la gratuidad es susceptible de ser mejorada en aspectos como diseño, cobertura y requisitos.
Para la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, un aspecto que urge corregir está relacionado con “los impactos financieros negativos que ha tenido hacia las instituciones estatales y las más complejas en general”, así como “repensar su esquema de financiamiento para hacer sostenible su programa universalización en el mediano plazo”.
Viabilidad del sistema
Desde el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh), su vicepresidente, Emilio Rodríguez, considera que el diseño de esta política pública requiere mejoras importantes e imprescindibles, pues “se debe reconocer que parte del financiamiento de la gratuidad ha llegado desde las propias universidades, por cuanto la gratuidad cubre solo la duración ideal y no la duración real de las carreras”.
Para Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, la pregunta es si el sistema es sostenible en el tiempo. “Hace varios años las universidades que adscribieron a la gratuidad han acusado que su diseño es deficitario, tanto por la definición de los precios fijados como en el impacto que implica la sobreduración de las carreras. Si bien todo ello fue oportunamente identificado, las instituciones adscribieron igual, lo que no les ha impedido seguir presionando por más recursos. En ese sentido, la solución no debiera ser más recursos, sino un diseño fiscalmente responsable que equilibrara mejor el gasto privado con el gasto público”.
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