Otros gremios docentes acusan un trato “discriminatorio” y se advierte sobre una dilatación de la iniciativa que aborda la desmunicipalización.
Escrita por Dierk G.
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Varios cuestionamientos han generado algunas indicaciones que se ingresaron al proyecto de “ley miscelánea” que impulsa el Mineduc. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, había adelantado que la cartera buscaría reponer la suspensión de la obligatoriedad de la Evaluación Docente 2022, idea desechada en la Cámara de Diputados.
Pero también hay otras indicaciones de los senadores Yasna Provoste (DC), Fidel Espinoza (PS) y Jaime Quintana (PPD). Una de ellas señala que “gozarán de los permisos necesarios para ausentarse de sus labores a fin de cumplir sus funciones gremiales fuera del lugar del trabajo los dirigentes del Colegio de Profesores A.G.”, definiendo 44 horas semanales para el presidente nacional, 33 horas semanales para directores nacionales y presidentes regionales, y 30 horas semanales para los directores de carácter regional o de Servicio Local de Educación Pública. Lo anterior se aleja de las seis horas a la semana que el Código del Trabajo define para dirigentes gremiales.
Para otras asociaciones gremiales de docentes, la propuesta discrimina, ya que entrega “privilegios” a solo un grupo. El presidente de la Asociación de Educadores de Chile (Aseduch), José Luis Velasco, critica que “es insólito que se pretenda, por vía legal, dotar a todos los dirigentes del Colegio de Profesores de los permisos para ausentarse de sus labores”. Profundiza en que “choca ver que se hace una ley solo y exclusivamente para los dirigentes de una asociación gremial con nombre y apellido, lo que en nuestra opinión atenta contra la igualdad ante la ley”.
Similar mirada tiene la presidenta de la Unión Nacional de Profesores de la Educación de Chile (Unapech), Verónica Monsalve: “Llama la atención el carácter discriminatorio, ya que todos los gremios requieren igual trato ante la ley”.
Por su parte, el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, dice que es “vergonzoso” e “inexplicable que los dirigentes reciban remuneración sin trabajar”, pero también advierte sobre una posible dilatación de la política: “Este proyecto tenía un propósito claro y urgente, que era postergar los Servicios Locales a implementar este año, pero en su tramitación en el Senado se ha llenado de indicaciones que reflejan agendas particulares y deudas de los parlamentarios con grupos de interés, y no contribuyen a la educación pública”.
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