El Mercurio: Instituciones que podrán optar a la gratuidad cobran $340 mil más que el resto
Por J. Herrera y C. Said
Pese a las críticas, alegatos y peticiones que han elevado instituciones y estudiantes, hasta el momento son 25 universidades y siete planteles técnicos los que el próximo año podrán comenzar con la política de gratuidad para los alumnos más vulnerables. Esto, porque están acreditados y organizados como sociedades sin fines de lucro.
Tras analizar los aranceles de primer año de estas instituciones, se aprecia que bordean los $2,3 millones, es decir, cerca de $340 mil más de lo que cobran las que no podrán acceder al beneficio.
Las universidades tradicionales tienen un costo promedio de $2,7 millones, cerca de medio millón más de lo que cobraban hace cinco años. Pero este valor es $100 mil menos de lo que cobra el resto de las universidades.
“Hay una alta heterogeneidad en los valores de matrícula de las universidades, pero estamos hablando de una diferencia de 3% a 4% entre universidades gratuitas y no gratuitas, que no es muy grande, especialmente considerando que los planteles del Consejo de Rectores (CRUCh), en promedio, reciben un 15% de su presupuesto vía aportes basales” que da el Estado, sostiene Ernesto Treviño, director del Centro de Políticas Comparadas en Educación de la UDP.
El experto añade que “si bien en apariencia las universidades privadas son un poco más caras, si sumamos los aportes basales a las del CRUCh es probable que sean más caras. En un esquema de gratuidad donde pagamos todos vía impuestos, el costo del aporte basal también debe ser considerado en los costos”.
Planteles técnicos
Un escenario distinto se produce al comparar los costos de los institutos profesionales y centros de formación técnica. De los aranceles que cobraron este año, se desprende que las instituciones que podrán acceder a la gratuidad son más caras que las que no podrán optar al beneficio. De hecho, las diferencias que se generan son de hasta $252 mil en el caso de los institutos.
Treviño postula que habría al menos tres factores que explicarían esto. “Es probable que ellos ofrezcan especialidades más costosas en términos de inversión en equipos, infraestructura y cantidad de alumnos por docente. En segundo lugar, todo el financiamiento que reciben es con cargo a los estudiantes, por ello deben cobrar más caro”, sostiene y agrega que es posible que estas instituciones “tengan mayores costos en profesores para cumplir con la acreditación”.
Raúl Figueroa, director de Acción Educar, critica que planteles como Inacap, AIEP y Santo Tomás, que están acreditados, quedaron fuera, pues su constitución jurídica no es sin fines de lucro. “La calidad no pasó a ser un factor determinante”, indica.
El abogado agrega que el sistema de educación superior “se caracteriza por ser diverso y eso se aprecia en la característica que tiene cada proyecto y en el valor de los aranceles de cada proyecto”. Por lo mismo, critica que la política de gratuidad, que se abordará a través de la Ley de Presupuestos, no reconozca esta multiplicidad, “desde el momento que pretende fijarles los aranceles a las universidades”.
Por lo mismo, propone que antes de la gratuidad universal se deberían concentrar los esfuerzos en los más vulnerables a través de becas y beneficios asociados a los estudios, como la alimentación o el alojamiento.
