El Mercurio: La hora del balance; centros de estudios, expertos y universidades enjuician al gobierno

• 4 de Marzo, 2018

Educación: No se logra la meta en gratuidad, aunque se aprueba parte del programa.

“Avanzaremos gradualmente en la gratuidad universal y efectiva de la educación superior, en un proceso que tomará 6 años. Durante el próximo período de Gobierno, accederán a la gratuidad al menos los y las estudiantes pertenecientes al 70% más vulnerable de la población”, señala el programa de gobierno de la Presidenta.

La educación fue uno de sus ejes de programa y hoy, a días de dejar el poder, desde La Moneda la señala como su gran legado. En particular, la gratuidad en la educación superior.

Tal era la importancia para la Mandataria que en 2014 instruyó a su entonces ministro de Hacienda, Alberto Arenas, que realizara una reforma tributaria. Pero los cálculos no calzaron. “Con la carga tributaria actual es posible financiar cierto avance en gratuidad”, dijo dos años después su sucesor, Rodrigo Valdés.

En su mensaje de 2017, Bachelet señaló: “En el año 2018 la gratuidad en educación superior, universitaria, técnica y profesional, se extenderá al 60% de los estudiantes más vulnerables”.

Junto con señalar que la promesa finalmente no se cumplió, Acción Educar plantea otro punto: “El grave problema que enfrentan hoy gran parte de las casas de estudio adheridas a la política es la fijación de aranceles, lo que las ha llevado a tener un déficit financiero que en total alcanzaría los 68 mil millones de pesos”. En tanto, Xavier Vannia, del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, valora que el gobierno “cumpliera con su esfuerzo por introducir la gratuidad en la educación superior, más allá del porcentaje que se alcanzó por las condiciones económicas del país”.

Los cálculos de LyD son críticos. Señalan que “el costo (US$ 3.500 millones en régimen, apenas por debajo de los US$ 3.800 millones que costarán el resto de las iniciativas presentadas en este período presidencial), da cuenta del énfasis que el Gobierno ha puesto en este nivel educativo al cual acceden jóvenes de familias de mayores ingresos, contrario a la recomendación en cuanto a priorizar la inversión en los niveles educativos previos, cuya rentabilidad social es mayor”.

El fin al copago fue otra de las promesas de la Mandataria. En el Congreso no solo enfrentó cuestionamientos de la oposición sino que desde su misma coalición, especialmente desde la DC.

Al respecto Daniel Rodríguez, director de Acción Educar, señala que “la fórmula obliga al fisco a reemplazar peso a peso el aporte de los padres, asignando un importante volumen de recursos sin aumentar en nada la inversión del país en educación”. Mientras que en el CIAE valoran que “el gobierno cumplió con su programa respecto de terminar con el copago y efectivamente el gran desafío es cómo eso se implementa en los próximos años”.

Otro de los ejes de la reforma en Educación de Bachelet fue la desmunicipalización. El proceso empezó ya el 1 de marzo en el Servicio Local de Educación Barrancas y el Servicio Local de Educación Puerto Cordillera.

El CED y el CIAE coinciden en que se cumplió con la nueva institucionalidad. Desde el CED, igualmente, indican que “se debió haber partido por fortalecer la educación pública”. Algunos centros valoran la carrera docente que incluyó, entre otros aspectos, una mejora en la remuneración de los profesores. En LyD, de todas maneras, señalan que “falló en introducir incentivos efectivos para atraer a mejores profesionales a la docencia”.

Algunos expertos recalcan que se cumplió con la creación de las dos universidades estatales y los Centros de Formación Técnica. “Los estudiantes de estos CFT podrán acceder a la gratuidad lo que resulta particularmente relevante considerando la alta representación que tienen los estudiantes de los primeros quintiles de ingreso en la formación técnica”, afirma Eleonora Nun, investigadora de Espacio Público.

 

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