El Mercurio: Las críticas a las pruebas de escritura que planteles “top” descartan, y que Chile busca

• 19 de Abril, 2019

El Consejo de Rectores anunció la introducción de este tipo de test en la PSU a “mediano plazo”. Pero a partir de 2020, el examen dependerá del Mineduc.

Por V. González

En países como Estados Unidos, los estudiantes -y sobre todo aquellos que aspiran a ingresar a las prestigiosas universidades de la llamada Ivy League- no solo deben demostrar sus capacidades matemáticas y de comprensión lectora. También deben lucir su pluma.

El ACT y el SAT, las principales pruebas de admisión universitaria estadounidenses, contemplan ensayos en que los alumnos argumentan sobre las posturas de cierto autor.

Para el Consejo de Rectores (CRUCh) esta podría ser una realidad. El organismo anunció que se medirá la escritura en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) de Lenguaje en un “mediano plazo”, de dos a cuatro años más. Es decir, cuando el sistema de acceso a la educación superior ya esté en manos del Mineduc.

¿Factible o no?

Este es el último año en que la PSU es administrada por el Sistema Único de Admisión (SUA), que depende de los rectores. Y esta semana se conformaron dos comités que estarán encargados de definir el nuevo modelo y validar, si así lo deciden, los cambios que anunció el CRUCh. “El momento en el cual se plantea no es el adecuado (…) Están creados los comités, ellos debiesen poder discutir cómo será el sistema”, advierte Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar.

En el comité que abordará el ingreso a la universidad habrá cinco integrantes del CRUCh, pero compartirán la mesa con dos representantes del mundo privado y el futuro subsecretario de Educación Superior.

Para Mónica Silva, investigadora de la UC, el anuncio “echa una cortina de humo sobre las sugerencias centrales del informe de la comisión de expertas: dos pruebas de Matemática y reducción de contenidos en Lenguaje”. También desaconseja utilizar evaluaciones de escritura como método de selección: “Además de muy costosas de desarrollar y corregir, son poco confiables para decisiones de altas consecuencias”.

Dudas de evaluación

En Estados Unidos, los ensayos son optativos y rendirlos implica un costo extra, cercano a los $10 mil -la PSU cuesta casi $32 mil-. Conllevan una logística más compleja: dos evaluadores corrigen cada escrito, con rúbricas con ítems como la capacidad de redacción y el análisis.

Sin embargo, instituciones de la Ivy League están dejando de considerar esta alternativa por motivos socioeconómicos. En 2018, la Universidad Brown argumentó que “el cambio es parte de un esfuerzo continuo para hacer el proceso de postulación más accesible a los estudiantes de familias de bajos ingresos”. Y Princeton fundamentó que “nos ha generado preocupación que los estudiantes de escuelas donde el ACT o el SAT es gratuito, pero sin este ítem opcional tendrían que pagar para dar esta prueba”. De todas formas, piden un ensayo que el postulante haya redactado en su colegio y esté calificado por un profesor. Además, en 2005, el College Board -organismo que administra el SAT- reconoció que “no se podía basar mucho en un ensayo”.

Experiencia chilena

En Chile también hay experiencias: el Simce de Escritura que se ha aplicado a más de 200 mil alumnos de 6° básico, revisado por hasta 180 correctores, es un ejemplo. La aplicación más reciente fue en 2016 y los resultados se difundieron recién en septiembre de 2017.

Dos personas ven cada prueba y se usan rúbricas, y la corrección y análisis tarda, en total, 6 meses. “Tiene un mayor grado de dificultad, ya que cada respuesta producida es única y se evalúa el desempeño alcanzado; por lo tanto, no hay respuestas ‘buenas o malas'”, explica Juan Bravo, secretario ejecutivo (s) de la Agencia de Calidad de la Educación.

Entre las definiciones para la PSU que están en suspenso se encuentra el carácter que tendría. “Se ha hablado de que pudiera ser, en un primer momento, solo habilitante, que no se transforme en un puntaje. Sin embargo, queremos conocer diseños, propuestas de construcción y de evaluación, y sobre esa base avanzar en una definición”, plantea el vicepresidente del Consejo, Aldo Valle.

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