Ante una demanda creciente, Australia tuvo que derogar la medida. La baja participación privada y el alto régimen de impuestos ayudan a los países europeos que mantienen la política.
Hasta el año 1973, las universidades australianas requerían que sus estudiantes se hicieran cargo del financiamiento de la educación superior. Aunque el modelo coexistía con un sistema de becas por mérito académico, ese año se tomó la decisión de establecer un sistema de gratuidad para los alumnos de instituciones estatales.
Poco después empezarían a surgir presiones que hicieron insostenible el sistema. “Durante la década de los ochenta hubo un gran incremento de la tasa de graduación de la educación secundaria, hecho que no fue acompañado de un aumento de cupos en las universidades”, plantea un informe recién dado a conocer por el centro de estudios Acción Educar. “Adicionalmente, los ministros de los gabinetes de Hacienda y Educación de esa época se manifestaron públicamente a favor de terminar con el sistema de gratuidad por considerarlo regresivo: mientras las universidades se financiaban con recursos de todos los contribuyentes, quienes asistían a ellas provenían de hogares relativamente privilegiados dentro de la ciudadanía australiana”, dice.
Lo anterior llevó a derogar la gratuidad y en 1989 introducir un sistema de préstamos contingentes al ingreso, en el que los alumnos -una vez titulados- pagan cuotas que dependen del ingreso que reciben.
“Es interesante observar que sistemas de alta calidad han elegido salirse de esquemas de financiamiento gratuito por dos razones. Una es el límite a la calidad que impone la ausencia de financiamiento privado y otra es la imposibilidad de convertirse en un sistema masivo sustentable. Australia abandonó la gratuidad por la misma razón que es inconveniente implementarla en Chile: no hay forma de financiar solo con fondos estatales un sistema de acceso masivo, diverso y de calidad”, cree Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.
Falencias previas
Inmediatamente después de la implementación de los préstamos, la matrícula australiana creció a tasas del 10% durante dos años, plantea el informe. “Hay una regla que es fácil de observar, que es que la gratuidad no mejora el acceso de los más vulnerables a la educación superior. El caso más citado es el de Argentina, que aún siendo un sistema gratuito tiene peor cobertura que Chile”, ejemplifica Figueroa. Según datos del Banco Mundial, la cobertura neta del primer quintil era de 19% en Argentina el año 2013, mientras que en Chile era de 27%.
“En parte se debe a que las barreras financieras no son las únicas que impiden el acceso a la educación superior, siendo determinantes las falencias de la educación escolar en sectores vulnerables”, agrega.
“El modelo de la Universidad de Buenos Aires sobrevive porque el corte de cabeza es brutal; muy pocos estudiantes pasan primer año”, indica Sergio Urzúa, académico de la Universidad de Maryland y coordinador de Políticas Sociales del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, Clapes UC.
El economista plantea cómo otros países dentro de la región han tenido problemas llevando a cabo la iniciativa de la gratuidad: mientras que Trinidad y Tobago anunció a principios de mes que echaba para atrás su proyecto de educación superior gratuita por falta de recursos, Ecuador “hoy está con tasas de matrículas que se han mantenido planas, lidiando además con el problema de haber tenido que cerrar más de diez universidades en los últimos años”. Por su parte, “Brasil se ve envuelto en un sistema súper regresivo; caminando por los estacionamientos de las universidades en Sao Paulo, uno ve Mercedes Benz, BMW y Audi. Y eso es porque los estudiantes de más recursos tienen mejores resultados y pueden entrar a las universidades públicas, que todavía son muy buenas”, explica Urzúa.
Mayor productividad
¿Qué hace que en algunos países esta medida parezca funcionar, entonces? “En general, se observa que tienen un PIB y una productividad mucho mayor, así como tasas impositivas mucho más altas que Chile, y sobre todo una alta concentración de instituciones estatales, como es el caso de Dinamarca y Suecia”, dice Figueroa. “Sistemas que se caracterizan por una amplia diversidad de proyectos y una histórica participación privada tienden a ser incompatibles con políticas de gratuidad universal: Estados Unidos, Canadá, Bélgica y Reino Unido”, afirma.
“La viabilidad de la gratuidad está estrechamente vinculada a los recursos y al régimen impositivo del país. Es viable cuando el ingreso per cápita nacional es relativamente alto y el Estado recauda los recursos que necesita para financiar la educaciónsuperior a partir de impuestos. Países como Finlandia o Dinamarca tienen una distribución de ingresos notablemente diferentes si se la considera antes o después de los impuestos. Esta diferencia es mucho menor en el caso de Australia y aún menor en el de Chile”, plantea María José Lemaitre, directora del Foro de Educación Superior Aequalis.
Consultado respecto a la postura de la institución ante la gratuidad universitaria, Liam Lynch, miembro del equipo de investigadores en Educación Superior de la OCDE, responde que la organización “no tiene una posición oficial sobre la política de libre matrícula. En general, la OCDE reconoce que la educación superior asequible es importante para el acceso, pero sabe que esta se puede conseguir de distintas maneras: aranceles bajos, recaudación a través del sistema de impuestos, además de becas de estudio y asistencia financiera”.