El Mercurio: Lenta tramitación pone en riesgo gratuidad para alumnos TP del 70% más vulnerable en 2019

Desde la oposición señalan que “no ha habido voluntad del Gobierno”. El Ejecutivo le puso suma urgencia a la iniciativa el 20 de noviembre para apurar su marcha.

Por S. Quevedo y J. Herrera

Han pasado casi ocho meses desde que ingresara al Congreso el proyecto que quiere ampliar la gratuidad para los estudiantes de Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT) al séptimo decil de vulnerabilidad.

La iniciativa es una de las propuestas del Gobierno en materia de educación. Sin embargo, su avance no se ha dado de forma expedita: continúa en su primer trámite legislativo y aún no se vota en general.

Así, resulta muy difícil que sea despachada este año. Al respecto, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, responde que “depende de qué tan rápido avance la ley, porque si nosotros vamos a votar en general ahora, y después se abre el plazo para las indicaciones… Y es primer trámite. Después tiene que pasar a la Cámara de Diputados, y ahí los plazos no dependen tanto (del Ejecutivo)”.

Actualmente, la gratuidad la reciben los jóvenes que pertenecen al 60% más vulnerable, y se quiere incluir al 10% siguiente. Esta ampliación sería para 14 mil alumnos de la educación técnico profesional (TP) y tiene un costo de $19.527 millones.

Si la política abarca a estudiantes de carreras técnicas en universidades, se sumarían 6.157 jóvenes. Los alumnos de educación TP se quedarían sin recibir el beneficio para 2019, en el caso de que no alcance a completarse la tramitación, por lo que la gratuidad no se ampliaría.

En una primera etapa, tanto parlamentarios de oposición como oficialistas pidieron que se incluyera a alumnos que cursen carreras técnicas en universidades para no incurrir en alguna discriminación arbitraria.

Si bien la ministra Cubillos accedió a esto último, aún no se ha ingresado esta indicación. “El Ejecutivo presentará esta (indicación) (…). También está en condiciones de votarse luego en general; ojalá a la vuelta de la (semana) distrital”, dice la secretaria de Estado.

La incierta salida de este proyecto inquieta al senador de RN José García: “Estamos muy calzados con los tiempos y sobre todo para que pudiera comenzar a operar a partir del año 2019”.

Su par de la UDI, Ena von Baer, admite que “los tiempos legislativos no dan, desde mi punto de vista, para que se pueda llegar con el proyecto para el próximo año, porque ni siquiera se ha votado en general”.

Responsabilidades

La senadora DC y presidenta de la comisión de Educación, Yasna Provoste, asegura que “el Gobierno es el que ha congelado este proyecto. El Parlamento no tiene iniciativa en estos aspectos; solo el Ejecutivo”.

A juicio de la también ex ministra de Educación, “la demora ha sido por la falta de voluntad del Ejecutivo”.

En la misma línea, el senador PPD Jaime Quintana sugiere que “el Ejecutivo debe definir cuáles son sus prioridades del año. Quedó muy claro que la prioridad del Gobierno era Aula Segura, y eso si bien no tomó más de un mes, igual alteró un poco lo que traía el Congreso”.

Si bien hasta el 7 de noviembre el proyecto estaba en receso y con urgencia simple, esto cambió el 20 del mismo mes, cuando se le puso suma urgencia.

Desde el Mineduc, el jefe de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, enfatiza que esta iniciativa “es uno de los principales proyectos de este gobierno”, por lo que “dada la importancia le pusimos suma urgencia”.

Para Daniel Rodríguez, director del centro de estudios Acción Educar, “este es un proyecto que nunca se planteó con plazos tan concretos”, por lo que el retraso no sería una sorpresa.

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