Con el objetivo de terminar con el lucro en la educación subvencionada, la ley de inclusión exige que los sostenedores que reciben aportes fiscales compren los inmuebles de sus colegios y así no paguen arriendos. Para ello, la Corfo oficiará de aval ante los bancos -con un fondo de US$ 400 millones que tiene el Mineduc-, proceso que estará normado en un reglamento.
Pero a tres días del debut de la ley, ese reglamento aún no ha sido publicado, lo que genera preocupación entre los sostenedores. El presidente de Colegios Particulares de Chile (Conacep), Hernán Herrera, dice que es importante contar con esa norma, pues, “así podríamos tomar una decisión sobre la compra de inmuebles a partir del 1 de marzo, pero si no sabemos cómo operará el aval, es muy difícil comenzar a decidir” si van a comprar sus recintos o si prefieren salir del sistema.
El asesor del Instituto Libertad y Desarrollo, Jorge Avilés, explica que es importante conocer el texto final lo antes posible, porque el borrador que se conocía hasta ahora “ponía reglas con las cuales era muy difícil para los sostenedores adquirir los colegios”. Y de no poder comprar sus recintos, “no podrá seguir recibiendo subvención estatal”, afirma el abogado.
El reglamento aún no está listo y la ley dice que debía estar dictado en diciembre. En el Mineduc explican que, efectivamente, quedó redactado a fines de diciembre, y que ahora está en revisión en la Contraloría.
En total, la ley de inclusión requiere de 15 reglamentos y al menos un decreto con fuerza de ley (DFL) para funcionar. Y hasta ahora, han sido publicados cuatro reglamentos y el DFL.
Entre las 11 normas que aún no ven la luz están el que regula el nuevo sistema de admisión sin selección, el que contiene el sistema de admisión en liceos emblemáticos, el de regulación de apertura para nuevos colegios subvencionados, el que permite la adquisición de colegios por parte del Estado y el que coordina el traspaso de información de los colegios entre el Mineduc, la superintendencia y el Servicio de Impuestos Internos.
A pesar de que el Mineduc ha dicho que varios de estos reglamentos no son necesarios de forma inmediata para aplicar la ley de inclusión -ya que esta es progresiva-, el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, dice que la tardanza genera “incertidumbre en los colegios, porque estos necesitan información para saber sobre su futuro y saber cómo adecuarse a esta nueva normativa”.
El fondo
La ley crea un fondo de US$ 400 millones, que servirá de aval para que los sostenedores compren sus inmuebles. Una comisión tasará el valor del recinto, lo que determinará el monto a pagar por el sostenedor, lo que será regulado a través del reglamento.
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