Estudiantes, rectores y expertos enjuician el balance de la Mandataria, que repasó su gestión desde la educación preescolar a la superior.
Una décima parte del discurso de la Presidenta Bachelet -4,5 páginas de las 46 que componían su Cuenta Pública- se concentró en el balance de lo realizado durante su gestión en materia educacional.
Evocando épocas de grandes transformaciones, como la de comienzos de los años cuarenta liderada por Pedro Aguirre Cerda, la Mandataria quiso darle contexto a la labor hecha durante su administración, que -aseguró- ha transformado “una educación que funcionaba como bien de consumo, en una educación entendida como derecho social y palanca fundamental del desarrollo”. La piedra angular de esa tarea sería la gratuidad en la educación superior, sobre la cual Bachelet reafirmó su intención de expandir antes de dejar el gobierno. “Quiero anunciarles que el año 2018 la gratuidad en educación superior, universitaria, técnica y profesional se extenderá al 60% de los estudiantes más vulnerables. ¡Porque nuestros jóvenes no pueden esperar!”, dijo la Presidenta.
Brunner: “Cálculo mal hecho”
Ese momento fue el primero en el que la audiencia que formaban ministros de Estado y otros directivos de Gobierno estalló en aplausos de pie. Sin embargo, distintos actores del sector no quedaron igual de contentos con el anuncio de Bachelet.
Para el investigador de la U. Diego Portales José Joaquín Brunner, “con el 50% de gratuidad que se alcanzó este año, ya algunas universidades han sufrido daño, porque el cálculo está mal hecho, por lo que cuando aumente todavía más el número de beneficiarios, el daño será mayor para el sistema”.
Hugo Lavados, rector de la U. San Sebastián y ex ministro de Bachelet, asegura que el aumento de la gratuidad “atenta directamente contra lo que se puede hacer en materia de elevar los estándares de enseñanza y de actividades generales de la universidad”. Las instituciones que ingresen a este mecanismo -agrega- “van a recibir menos recursos de los que tenían”.
Una opinión similar tiene el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa. A su juicio, la gratuidad universal conlleva una “dirección equivocada, considerando el altísimo costo que eso implica y el impacto que una política como esa tiene en la calidad de la educación superior”.
Quien sí se mostró conforme con la ratificación del compromiso de avanzar en la gratuidad fue el vicepresidente del Consejo de Rectores (CRUCh), Aldo Valle: “Siempre hemos dicho en el CRUCh que Chile necesita urgentemente una reforma, que se necesita de gratuidad, porque no puede ser que el sistema siga generando más endeudados que titulados (…). Avanzar en gratuidad me parece que es consistente con las transformaciones que el país necesita”.
Antes de terminar de hablar sobre la gratuidad, que ha beneficiado a 257 mil estudiantes, la Mandataria advirtió que “quien quiera echar pie atrás en una política seria, inclusiva y responsable -como es la gratuidad en la educación superior- les estará dando la espalda a Chile y a las familias chilenas”, en directa alusión a los anuncios del precandidato de Chile Vamos y ex Presidente Sebastián Piñera.
El debate por la calidad
También en el tema educación, la Presidenta aseguró que el desafío no era solo de “elevar la equidad”, sino también la calidad en todos sus niveles.
Según Daniel Andrade, vocero de la Confech, ninguna de las palabras de la Mandataria respondió a sus demandas. “Mientras no se hable del fin al lucro en todas las instituciones de educación superior y de transparencia activa de los fondos que se reciben, no habrá calidad en la educación”, afirma.
Para José Joaquín Brunner, “existen índices en el país e internacionales que muestran que no ha habido ningún avance significativo (en la calidad), y que por el contrario, existe un deterioro”.
En ese sentido, el rector de la U. Alberto Hurtado, Eduardo Silva, plantea que “la reforma no solo debe velar por el financiamiento de los estudiantes, sino también por el financiamiento de las instituciones, en particular aquellas que son complejas”.
El balance de la Mandataria continuó con un repaso de las iniciativas emprendidas en estos tres años y dos meses de su segundo mandato, desde los avances en materia de educación parvularia hasta los últimos proyectos en sumarse, como el de las universidades estatales, que aseguró que será enviado al Congreso durante la jornada de hoy.
Respecto de la Carrera Docente, por ejemplo, mencionó la mejora en las remuneraciones de los profesores (de 30%, a partir de julio). Hernán Hochschild, director ejecutivo de Elige Educar, afirma que “se trata de una de las políticas más grandes del país, que pasó a un segundo plano con las otras partes de la reforma, pero ha sido fundamental, y ha faltado celebrar su realización”.
Proyecto de fin del CAE
Bachelet también aseguró que los primeros cinco de los 15 nuevos centros de formación técnica estatales partirán antes de que finalice el año. Sin embargo, esta etapa contará solo con la realización de capacitaciones y el inicio de postulaciones de los estudiantes. Hasta el momento, las regiones del Maule y La Araucanía son las únicas que conocen el nombre de sus rectores.
Sobre los siguientes pasos, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, plantea que “faltaban dos anuncios que hizo la Presidenta hoy: el fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), que ya se envió la señal al Parlamento de que se termina (…) y los estatutos para los asistentes de la educación. Con eso cumplimos el ciclo”.
Pero desde la Confech no ven con buenos ojos el proyecto de ley que se enviará al Congreso durante el segundo semestre para establecer un nuevo sistema de financiamiento estudiantil que elimine el CAE. “Esta propuesta del CAE es idéntica a la que planteó Piñera en su momento, y eso muestra que es un proyecto fracasado de transformación, y es un proyecto sin convicción política”, concluye Andrade.