El Mercurio: Mayoría parlamentaria en la Cámara rechaza acusación constitucional contra ministro Figueroa

• 13 de Agosto, 2021

Trece diputados de oposición no apoyaron la presentación del libelo. De ellos, cinco votaron en contra y ocho no se pronunciaron respecto del fondo contenido en tres capítulos.

Por R. Franco y P. Toledo

Tal como anticipó ‘El Mercurio’, la oposición no logró alinearse en una postura única, por lo que una mayoría parlamentaria en la Cámara rechazó la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa. El optimismo era tal, que incluso no fue necesario pasar por la llamada cuestión previa.

Se trató del séptimo libelo dirigido a un secretario de Estado en lo que va de la actual administración de gobierno. En cuanto a su contenido, la presentación se dividió en tres capítulos: el primero se refiere a la vulneración del derecho a la educación; el segundo, a la vulneración de los trabajadores de la educación, y el tercero, a amenaza a la vida e integridad física y psíquica respecto de la vuelta a clases presenciales de los estudiantes mientras aún no se da por superada la pandemia.

Fueron esos argumentos los que no convencieron del todo a los legisladores de oposición y menos a los del oficialismo. El abogado Jorge Gálvez, a cargo de la defensa del ministro de Educación, y la diputada frenteamplista Camila Rojas, impulsora de la acusación, fueron quienes contrastaron los fundamentos a favor y en contra de la presentación (ver recuadro). Lo hicieron por casi las seis horas que duró la sesión de Sala.

Quizá por la suma de horas o por la gélida jornada de ayer en Valparaíso, a ratos la sesión se percibía monótona. El letargo se reflejó en que por momentos la suma de diputados presentes en el hemiciclo o conectados de manera remota no alcanzaba ni siquiera a 1/3 del total.

Aunque el oficialismo estimaba que serían menos, fueron 13 los votos de oposición los que no acompañaron su acusación constitucional. De ellos hubo cinco votos en contra: Pepe Auth (ex-PPD), Pablo Lorenzini (ex-DC), Carlos Abel Jarpa (exradical), Pedro Velásquez (exregionalista) y el DC Matías Walker. De igual manera, ocho parlamentarios de oposición no votaron: Manuel Antonio Matta (DC), Luis Rocafull y Jaime Tohá (ambos del PS), Patricia Rubio y Raúl Soto (los dos del PPD), además de Esteban Velásquez (regionalista) y Fernando Meza (exradical), quien debió viajar por motivos familiares a Centroamérica.

A través de redes sociales, Soto informó que por problemas de conexión no pudo votar, pero que su respaldo sería consignado en el acta de la sesión. Una situación similar afectó al RN Frank Sauerbaum. En el caso de Tohá, se inhabilitó porque su hijo dirige la Junaeb. Para frenar el libelo, el Ejecutivo se desplegó en el Parlamento desde días antes, para persuadir a los diputados de oposición. Esa labor estuvo a cargo principalmente de la Segpres liderada por su ministro, Juan José Ossa, el subsecretario Máximo Pavez y la jefa de Relaciones Políticas Constanza Castillo.

La tarea de argumentar la inconveniencia de la acusación por parte del Gobierno ante los diputados de oposición no era fácil. La proximidad de las elecciones dejaba poco margen, se comentó, porque distinto a otros períodos, la disponibilidad de los parlamentarios de votar contra un libelo de su sector se reduce. Contraviene también la tarea el leve equilibrio en la correlación de fuerzas políticas en la Cámara, la que da 83 diputados de oposición y 72 de Chile Vamos. En este caso, el cálculo fue generoso, se comentó, porque los 13 parlamentarios que no votaron en contra fueron de oposición, por lo que no hubo descolgados del oficialismo.

Una vez que se dio el resultado de la votación, el ministro Figueroa se abrazó con el resto del gabinete presente en el hemiciclo, mientras diputados del oficialismo aplaudían el haber logrado rechazar la admisibilidad de la acusación constitucional.

Después de ese ritual en la Sala, Figueroa agradeció el apoyo en un punto de prensa en el sector de El Pensador y se dirigió a paso rápido al mismo vehículo que antes lo había trasladado a Valparaíso, pero, esta vez, sin la duda de si podría ser destituido de su cargo.

Los argumentos presentados a favor y en contra del libelo

Camila Rojas (Com), diputada del distrito 7, argumentó en su intervención, que el ministro Figueroa había incurrido en faltas e infracciones graves a las leyes y la Constitución, específicamente en lo relacionado al derecho a la educación.

El principal argumento de esto último, tuvo que ver con la ausencia de recursos adicionales en el presupuesto de educación para el 2020.

Rojas señaló que los recursos destinados a este ítem correspondían a los del programa ya existente ‘Yo Confío en mi Escuela’.

Además, se acusó la falta de proyectos de ley por iniciativa del ministerio, a fin de adecuar la normativa vigente al contexto sanitario y la correcta conectividad digital para el desarrollo de la clases no presenciales.

Por su parte, el abogado defensor del ministro Figueroa, Jorge Gálvez, debatió respecto de los argumentos jurídicos tras la acusación constitucional.

Este último indicó que la instancia vulneraba e infringía distintas disposiciones del marco constitucional, haciéndolo ‘total, completa y absolutamente insostenible’, esto porque la acción como tal se debía a discrepancias políticas y no a infracciones a las leyes ni la Constitución.

Gálvez, señaló que el documento que acusaba al ministro no tenía hechos debidamente acreditados, y que se confundían deberes funcionales del Estado con deberes individuales de la autoridad, lo que vulneraría todos y cada uno de los límites del ejercicio del poder punitivo del Estado y el principio de legalidad.

Reacciones del sector educacional tras la votación de la Sala

Luego del rechazo en la Sala de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, el mundo de la educación se pronunció, generando distintas reacciones.

Por un lado, la directora ejecutiva de Acción Educar, Magdalena Vergara, dice que ‘era de esperar que se rechazara la acusación, la que, sin mérito alguno, solo buscaba manifestar su discrepancia con el ministro’.

Plantea que, superado el libelo, ‘debemos poner el foco en los niños y no en los intereses particulares, de manera que sigamos avanzando en la apertura de escuelas, sin trabas, dando soluciones reales a las dificultades que puedan presentarse’.

En tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, apunta: ‘Lamentamos profundamente la decisión que ha tomado la Cámara. Por supuesto que no la compartimos. Seguimos sosteniendo que había fundamentos más que suficientes para llevar adelante esta acusación constitucional, y era muy importante que esto fuera aprobado’. Critica, además, la postura de los diputados: ‘Aquí la clase política no ha escuchado a las comunidades educativas (…), y no da cuenta de lo que es el abandono de la educación pública. Lamentablemente, no escuchar a las comunidades escolares significa seguir validando una forma de llevar el proceso que no es la más indicada’.

Díaz duda de que a futuro mejoren las relaciones entre el gremio y el Mineduc, y afirma que Figueroa ‘se ha cerrado siempre al diálogo, a escuchar, y aquel que no opina exactamente como él, ha tenido como respuesta la incomunicación y la nula posibilidad de dialogar. Y eso es un problema grave y serio, por tanto, no confiamos ni creemos mucho en las palabras del ministro’. Aún así, el dirigente gremial postula que ‘nosotros, por supuesto, como siempre, seguiremos plenamente disponibles en función de buscar lo mejor para nuestros estudiantes y por eso nos preocupa el incumplimiento de los protocolos (sanitarios)’.

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