CNA dijo que cuando revisó los antecedentes de la institución no había rastros de que se gestaba una crisis. Además, pidió “un marco legal distinto”.
Cinco meses antes de que saliera a la luz la crisis de la Universidad Iberoamericana, en octubre de 2016, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) certificó la calidad de ese plantel.
La casa de estudios había perdido el sello en 2013 y el nuevo reconocimiento le permitiría, al menos, frenar la caída de su matrícula, pues los alumnos nuevos tendrían acceso a becas y créditos del Estado.
Y así fue. Si desde que dejó de estar acreditada la U. Ibero perdió anualmente unos 500 alumnos, el año pasado tuvo 2.523 inscritos, cifra similar a la de 2016.
Tal escenario fue celebrado en un comienzo por la institución e incluso el rector, Héctor Jara, aseguró que recursos frescos que ingresarían al plantel permitirían pagar los sueldos que se debían a los profesores.
Pero la acreditación fue un arma de doble filo. También fue el punto que más enojó a los alumnos cuando se revelaron los problemas económicos del plantel, cuando se inició la investigación del Ministerio de Educación contra la universidad y cuando se solicitó el cierre del plantel.
Ayer, la jefa (s) de Educación Superior del Mineduc, Daniela Torre, aseguró que en este caso la acreditación -que vence en octubre- “claramente” no fue garantía de un buen funcionamiento: “Se lo hemos planteado a la CNA. Fue bastante discutido”.
Y haciendo alusión a la reciente reforma educacional, Torre puntualizó que lo ocurrido “es una evidencia de por qué el sistema (de acreditación) requería una reforma sustantiva y afortunadamente la tenemos”.
La U. Ibero es la primera universidad cuyo cierre se decreta estando acreditada. Lo anterior no ocurrió con la U. del Mar (2012) ni con la U. Arcis (2017).
La CNA fue consultada por esta situación, pero se remitió a una declaración de septiembre pasado, cuando su presidente, Alfonso Muga, aseguró que tras revisar nuevamente los antecedentes se constató que “no hubo información dolosa” de la U. Ibero para acreditarse.
En la ocasión agregó que “los elementos que desataron la crisis se fueron configurando durante 2016” y que no había evidencia de ellos en los datos de 2015, que son los que se revisaron para la certificación. “De haber constatado el dolo, tengan la seguridad de que hubiésemos actuado y se hubiera levantado el tema de retirarle la acreditación”, sentenció Muga.
En septiembre, la CNA también señaló que “se requiere un marco legal distinto, con una superintendencia que fiscalice con la debida periodicidad lo que está ocurriendo en los planteles, ya que el rol de la CNA no es el controlar a las instituciones acreditadas, sino el de fomentar el aseguramiento de la calidad”.
Daniela Torre aseguró que con la reforma que el Congreso aprobó en enero, el sistema sí será más estricto y “tenemos la certeza de que incongruencias como las que se dan en este caso se van a evitar”.
Asimismo, la jefa (s) de educación superior planteó que en el sistema ya hay diferencias con respecto a lo ocurrido con la U. del Mar. En 2012, “las atribuciones del Mineduc para reubicar estudiantes eran solo buenas gestiones. Hoy tenemos más atribuciones para controlar de mejor manera la asignación de beneficios, e ir, de alguna manera, facilitando y resguardando el desempeño de los estudiantes”.
Sin embargo, el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, plantea que “aún hay ciertas falencias en cómo abordar situaciones de crisis”. A su juicio, “las salidas que son más lógicas han ido quedando al margen. En muchos casos, antes de intervenir o cerrar una institución parece mucho más lógico darles espacio para que se puedan fusionar con otras casas de estudio, para que puedan, con mecanismos más autónomos, dar con alternativas más satisfactorias para los estudiantes y la comunidad universitaria”.
Dice que un ejemplo es lo ocurrido con la U. Gabriela Mistral y la UCINF, que se fusionaron cuando se visualizó un problema y se dio continuidad de estudio a los matriculados, sin que hubiera períodos sin clases.