Escrita por Dierk G.
Un déficit de 26 mil profesores para 2025 y más de 30 mil hacia 2030, es la proyección que se hace sobre la crisis de la carrera docente, con cada vez menos jóvenes ingresando a carreras para ser profesor.
Han surgido varias iniciativas para paliar el fenómeno. Una de ellas ha sido flexibilizar las exigencias de ingreso que define la Ley de Desarrollo Profesional Docente, de 2017. El gobierno pasado impulsó una norma para volver más gradual las alzas de requisitos de matrícula: hoy se pide un mínimo de 500 puntos en la prueba de admisión; luego se aumentaría ese puntaje mínimo a 525 para 2023, y 550 en 2025.
Con la modificación, aprobada por la Comisión de Educación del Senado, se extiende en tres años la vigencia del primer tramo de exigencias, por lo que ya no habrá aumento de puntajes hasta 2025.
Aunque el proyecto ha sido valorado por especialistas, ya que ocurre para no agudizar el déficit de profesores, se cuestiona que se estaría apostando por más docentes en desmedro de su “calidad”.
Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, considera que la iniciativa “obedece a una urgencia que es la escasez de profesores dispuestos a trabajar en el sistema escolar como docentes en ejercicio. Lamentablemente, tuvo que hacerse, pero no es una decisión deseable ni permanente y es importante que no nos demos por satisfechos por esta solución que es de emergencia”.
Y añade: “Esta salida de emergencia implica una transacción respecto de la calidad en la selección de los profesores. Hubo acuerdo en que esta manera era la más efectiva de abordar el problema, pero la transacción que se hizo sigue ahí”.
Joaquín Walker, director ejecutivo de Elige Educar, coincide en que “esta es una medida necesaria, pero no suficiente. Lo importante es ver cómo la complementamos con otras, para poder favorecer la atracción y la atención de profesores de manera sostenible en el tiempo. La idea es abordarlo de manera integral”.
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