El Mercurio: Previo a votación de proyecto sobre aranceles, rectores alertan que podría desincentivar pagos y causar crisis

• 9 de Junio, 2020

Por: Valentina González.

Moción que será vista hoy en la Sala de la Cámara de Diputados establece que, cuando se flexibilicen cobros, no podrá haber intereses ni multas. ‘Ni en el mundo financiero se ha exigido’, advierte Acción Educar.

Son más dudas que certezas las que, por estos días, tienen las universidades. Cómo funcionarán el segundo semestre y cómo cerrarán el año en términos financieros son parte de sus interrogantes. En este último ámbito, su futuro podría verse marcado por lo que ocurra con la moción de diputados de oposición que busca regular el cobro de aranceles.

El proyecto partió con la intención de suspender todos los pagos y luego mutó a normar que todas las instituciones tengan planes de acción con medidas de flexibilidad para los jóvenes que hayan visto perjudicada su situación por la pandemia.

Si bien el texto -que se encuentra en su primer trámite legislativo y será visto hoy en la Sala de la Cámara Baja- no determina un plazo para que las casas de estudios puedan recuperar los pagos, sí establece que no podrán cobrarse intereses, multas por mora, ni fijar sanciones.

Límites difusos

Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, considera especialmente preocupante este punto: ‘Se pasa a llevar la autonomía y el marco organizacional de los planteles, establecido por la Constitución’. La abogada añade que se les exige ‘una responsabilidad en las condiciones de reprogramación que ni en el mundo financiero se ha exigido, con la prohibición de intereses y multas’.

Los rectores han expresado en varias ocasiones que el proyecto no se justificaría, pues vendría a normar algo que ya hacen. En las universidades de regiones el tema preocupa especialmente por motivos como la cesantía que enfrentan las familias en sus zonas y el potencial impacto de estas medidas en sus finanzas.

El rector de la UC del Norte, Jorge Tabilo, advierte que ‘las leyes generan conductas: si uno les está diciendo a los estudiantes que lo pueden hacer, a lo mejor se va a generar una conducta de no hacer los esfuerzos y pagar ahora, sino que pagar después’.

Esto derivaría, advierte, en problemas de caja. Respecto a la posibilidad de cobro posterior, Tabilo añade: ‘Si un estudiante no puede pagar, lo que hay que hacer es dejar que la gestión de cobranza lo haga, no imponer normas. Ahí se está desconfiando de que las universidades usen el sentido común’.

En la U. de Concepción, el rector Carlos Saavedra alerta que si el proyecto no limita cuántos estudiantes pueden pedir flexibilidades, se puede provocar una crisis económica que solo se intensificaría al no tener claridad de cuándo llegarán los pagos, pues ‘puede ser tremendamente gravoso asumir esta carga, que no está considerada en los presupuestos anuales’.

Su par Álvaro Rojas, de la U. de Talca, considera que es fundamental que el proyecto ponga fechas claras, para ver ‘hasta cuándo se flexibiliza y cómo es la recuperación. Hoy todos tienen menor recaudación de caja y algunos ya han recurrido al sistema financiero’.

Eduardo Hebel, de la U. de La Frontera, coincide con Saavedra en que ‘no hay capacidad ilimitada (…). Las universidades van a dar las facilidades que le den sus espaldas’. Y dice que ir más allá generaría un riesgo ‘que se puede llamar cesantía’.

Ante este escenario los directivos esperan una intervención del Estado que pueda aliviar la situación, como la asignación de nuevos beneficios estudiantiles o la flexibilización del uso de excedentes del Fondo Solidario.

Impacto local

Los planteles de regiones enfrentan condiciones que las dejan en una situación delicada: Tabilo apunta, por ejemplo, al hecho de que sus estudiantes son más vulnerables y requieren más nivelación. Y aunque las matrículas bajaron este año, Saavedra precisa que esto complica con mayor frecuencia a las universidades de región, pues el número de estudiantes en sus zonas ya es menor.

En materia de empleo, los rectores también ven un impacto. Rojas enfatiza que quienes pierden su empleo fuera de la capital ‘no tienen muchas alternativas de buscar otro’. A juicio de Hebel, si se ven en la necesidad de reducir su cantidad de empleados, esto profundizará la cesantía en sus zonas: en La Araucanía, ejemplifica, un 8% de los empleos estarían asociados a la U. de La Frontera.

La iniciativa

Impulsores La moción fue presentada por diputados de la oposición (PS, PPD, Comunes, PC, Convergencia Social) a fines del mes de marzo.

Idea inicial Cuando se presentó, el proyecto tenía un solo artículo, el que buscaba suspender los cobros en educación superior durante el estado de catástrofe producto de la crisis sanitaria. Los montos adeudados debían cobrarse luego, sin multas ni intereses.

Giro Tras recibir múltiples exposiciones de rectores, los parlamentarios presentaron indicaciones que modificaron el texto. Así, pasó de hablar de una suspensión de cobros generalizada a establecer que las instituciones debían tener planes de acción para enfrentar la contingencia, en los que incluyeran alternativas de flexibilidad para los jóvenes con problemas económicos.

Condiciones Para acceder, el joven debe demostrar que su situación financiera se ha visto muy afectada (porque un familiar perdió el empleo, por ejemplo). En estos casos, se plantea que se acordarán nuevas modalidades de pagos y se explicita que no podrán generarse intereses ni multas por mora.

Uso de recursos El Ejecutivo hizo reserva de constitucionalidad por elementos de la iniciativa, como un artículo que se agregó sobre la apertura de un nuevo proceso de postulación a beneficios estudiantiles.