Alumnos de Atacama cumplen 56 días sin actividades en las aulas y docentes insisten en extender la medida de presión. En paralelo, se anticipan solicitudes para habitar colegios subvencionados en la zona afectada.
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Una rotunda negativa recibió el Ministerio de Educación de parte del Colegio de Profesores de Atacama, en su intento de que los docentes retomen sus labores y que 30 mil escolares vuelvan a clases tras 56 días de paralización.
Más subvencionados
Otro efecto de la prolongada paralización sería un mayor interés por colegios subvencionados en la zona, y también la posibilidad de que haya solicitudes de establecimientos de convertirse a esa modalidad de financiamiento.
Investigadores anticipan que se producirán solicitudes para abrir colegios subvencionados en las comunas afectadas, de la mano de que aún existe incertidumbre de que más de 30 mil niños y adolescentes puedan terminar su año escolar.
Un análisis de Acción Educar al proyecto que modifica la Ley 21.040 del Mineduc, que está en el Congreso, plantea que, aunque la iniciativa dice buscar una priorización de la educación pública, esto “no se traduce en un impulso al sistema público, sino en nuevas limitaciones a la oferta de colegios particulares subvencionados”.
El estudio detalla que, desde las restricciones incluidas el 2015 para abrir subvencionados, “se ha producido tanto una disminución importante en las solicitudes para impetrar la subvención por primera vez, como un aumento de la variabilidad en la tasa de rechazo de las mismas solicitudes”. Pese a lo anterior, concluye que aquello “no ha ido acompañado por un aumento de las preferencias hacia la educación estatal por sobre la educación subvencionada”.
Francisca Figueroa, investigadora legal de Acción Educar, sostiene que “si bien la crisis de Atacama tiene diversas aristas, es legítimo preguntarse si dos meses sin clases en los establecimientos dependientes del SLEP hubiesen sido factibles con una oferta privada más robusta”.
“Esta fue perjudicada con la Ley de Inclusión y seguirá siendo perjudicada de aprobarse el proyecto de ley de modificación a la Ley de Educación Pública que establece nuevas limitaciones. Vemos una contradicción en el proyecto de ley al decir que se va a “priorizar educación pública”, para cuando se establezca “falta de oferta educativa”, y que el resultado de ello sea restringir más la oferta particular subvencionada, dejando a las familias sin alternativas, y que no se mejore propiamente la provisión estatal“, agrega la investigadora.
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