El Mercurio: Proyecto de desmunicipalización plantea no cerrar los colegios públicos con mal desempeño

Por J. Herrera

En diciembre, todos los colegios del país serán clasificados en cuatro categorías de desempeño: Alto, Medio, Medio-Bajo e Insuficiente. Y según la Ley de Aseguramiento de la Calidad, promulgada en 2011, los de rendimiento más bajo comenzarán a recibir apoyo del Estado. Pero si en cuatro años no logran revertir sus resultados, perderán el reconocimiento oficial y, por ende, cerrarían.

Sin embargo, este sistema -que surgió tras la promulgación de la Ley General de Educación (LGE) y que aún está en marcha blanca- podría cambiar. El proyecto de desmunicipalización que acaba de ingresar al Congreso propone que las escuelas públicas que sumen cuatro años con desempeño insuficiente no pierdan el reconocimiento oficial, sino que “se proceda a la reestructuración del establecimiento”.

Según la iniciativa, en esos casos la Agencia de la Calidad deberá emitir un informe sobre las condiciones del colegio y “recomendar medidas de reestructuración, atendidas las características del establecimiento y las deficiencias detectadas en los procesos evaluativos”.

Sebastián Izquierdo, ex secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad y encargado de poner en marcha el sistema de aseguramiento de la calidad, rechaza el cambio: “En Chile no podemos esperar más de cuatro años ante un estudiante que no está recibiendo una educación de calidad. Y con este proyecto, a los establecimientos municipales les están dando más de cuatro años y también les dan un derecho perpetuo a poder brindar una educación de mala forma”.

A su juicio, lo propuesto en el texto de Nueva Educación Pública “es una manera inadecuada de hacer política. Es un proyecto de desmunicipalización, pero en una página aborda la modificación del sistema de aseguramiento de la calidad en un eje central”, como es que los directores y sostenedores de colegios “se hagan cargo de ciertos resultados que tengan sus estudiantes, con consecuencias positivas y negativas”.

El ex encargado de la Agencia puntualiza que una de las consecuencias del cambio que se quiere introducir es que los alumnos de ciertos colegios “van a poder tener una educación de peor calidad que en los colegios particular subvencionados, meramente porque estos se van a exponer a diferentes consecuencias”.

Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar, profundiza en este punto y sostiene que “lo que para algunos podría parecer una buena noticia, es en el fondo una muy mala noticia, porque implica que parte importante de los colegios, precisamente aquellos donde se quiere tomar medidas para que mejoren, pierden un elemento fundamental y que tiene que ver con la importancia de que un colegio y su administración se hagan cargo de sus resultados”.

Discriminación

Según Figueroa, aunque no lo parezca, los colegios subvencionados se verían beneficiados, pues se les va a aplicar “una lógica que apunta a la mejora de la calidad. En cambio, los colegios públicos van a quedar fuera”.

Por eso, Izquierdo cree que en este proyecto hace una “discriminación que va contra la educación pública”, y agrega que son las familias las que tendrán la mayor incertidumbre sobre la calidad de la educación. Consultado, el Ministerio de Educación declinó referirse al tema.

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