En tanto, su par de la Usach, Juan Manuel Zolezzi, afirmó que si es efectivo el cálculo de $30 mil millones de brecha en los planteles, sería “lamentable”.
Luego de que “El Mercurio” diera a conocer un análisis de Acción Educar que establecía que más de $30 mil millones dejaron de recibir 29 de las 30 casas de estudio que ingresaron al sistema de gratuidad, rectores mostraron su preocupación ante el abultado déficit.
El domingo, cuando fue publicado en estudio, el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, explicó que dicho monto corresponde a la diferencia “entre lo que las universidades habrían recibido por lo que realmente cobran a sus alumnos, y lo que efectivamente recibieron por haber adherido a la gratuidad”, detallando las cifras de cada plantel (ver recuadro).
Cálculo
El rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez, apuntó a que desde agosto de 2015 advirtieron que con la gratuidad al menos 10 de los 30 planteles quedarían con un déficit, lo que ahora con este análisis abarca casi la totalidad de las universidades que adhirieron al sistema.
El Gobierno planeaba -y finalmente estableció- que por cada alumno que obtuviera el beneficio se pagaría un “arancel regulado”, que sería un promedio del monto que se paga por las becas (arancel referencial), y se incrementaría en hasta un 20%. Pero para hacer ese cálculo, también se agruparía a las instituciones según sus años de acreditación.
“Nosotros denunciamos en esa oportunidad que el cálculo del arancel regulado, que tenía que ver con los aranceles de referencia de acuerdo a los años de acreditación de las instituciones, no iba a ser suficiente poniendo este 20% más, porque en muchas instituciones el costo era bastante más alto”.
El rector dijo que no discuten que para implementar una política de gratuidad el Estado tenga que poner ciertos límites a los costos de los aranceles, “pero el tema es cómo se analiza y se calcula”, enfatizó.
En ese sentido, dijo: “Hemos dicho varias veces que al calcular un arancel es crucial poner sobre la mesa los costos reales de la docencia, de la educación de calidad, y eso tiene relación con elementos que son bastante claros: hay indicadores, como, por ejemplo, el número de profesores, su capacitación docente, la infraestructura, los laboratorios, las bibliotecas y su número de libros. Son elementos que permiten estimar el costo en que incurre cada universidad para desarrollar su proyecto educativo.
El déficit contable estimado para la PUC por Acción Educar es de $2.000 millones. La vicerrectora económica de la casa de estudios, Loreto Massanés, aclaró que sería de alrededor de $1.700 millones.
Al respecto, Sánchez planteó que “si el próximo año, como esperamos, siguen aumentando los estudiantes de muy buena calidad de sectores vulnerables que eligen nuestra universidad, esta brecha de $1.700 puede subir perfectamente a $2.200 o $2.400 millones”.
Respecto de mantenerse o no en el sistema, el rector afirmó que “si se tiene una propuesta por glosa, que es específica para un año, uno puede hacer el cálculo más concreto, pero una definición más de largo plazo sobre la política de gratuidad, en régimen, tenemos que tomarla una vez que veamos cuáles son las condiciones en que queda establecida en la nueva ley”.
Estimación en la Usach
Otra de las casas de estudio con alta brecha en sus ingresos, según el análisis de Acción Educar, es la Universidad de Santiago de Chile (Usach). Aproximadamente, $1.574 millones sería el déficit contable de la institución tras entrar en la gratuidad.
Frente al monto total de más de $30 mil millones, Juan Manuel Zolezzi, rector del plantel, afirma que le parecería lamentable en caso de que fuese efectivo. “Yo no dudo que los cálculos hechos por Acción Educar estén bien, pero a mí me gustaría revisar los antecedentes correspondientes en el caso particular de mi universidad; nosotros habíamos hecho un cálculo de cuánto perderíamos y lo dijimos desde un principio. Fuimos una de las primeras universidades del Estado que dijeron que íbamos a perder cerca de $2.000 millones y después lo acotamos a $1.500 millones”, sostiene.
Además, explica que los cerca de $1.574 mills. no es una cifra alejada a la que ellos estiman. “Lo que tenemos que verificar es si efectivamente es dinero que tenía que ingresar o no a la universidad, y ese es un tema que tenemos que revisar con mayor profundidad a propósito de la información que apareció y que ha planteado Acción Educar.