Acción Educar cuestiona la medida, por la inversión que implica el proceso.
De cara a la reforma a la educación superior que se discute en el Congreso, el centro de estudios Acción Educar elaboró un informe respecto de los programas de doctorados en el país, pues una vez promulgada la ley todos deberán acreditarse.
Realizado sobre la base de programas que tuvieron matrícula en 2014 o 2015, el informe plantea que de los 226 doctorados activos, 146 (65%) están certificados, mientras que 80, equivalentes al 35%, no tienen acreditación.
Esta última realidad se observa especialmente en las universidades Católica de Valparaíso, de Concepción y de Santiago, planteles que tienen entre seis y siete programas sin acreditación, escenario que, a juicio del director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, pone en riesgo la continuidad de esos programas, por la inversión que conlleva el proceso.
Según datos de la Comisión Nacional de Acreditación, el costo de acreditar un programa de doctorado es de $7.440.166, monto al que se debe agregar el esfuerzo de cada institución para participar de esta instancia.
“No hay claridad de que sea conveniente forzar a la acreditación, porque el alumno del doctorado es alguien que tiene mejor acceso a la información y, por tanto, es capaz de distinguir lo que una institución ofrece”, explica Figueroa.
Según el experto, la tendencia mundial en cuanto a la acreditación de estos cursos es la voluntariedad, lo que permite mantener los programas y hacerlos más diversos.