Diferentes encuestas coinciden en que la ciudadanía, además de exigir derechos sociales, está preocupada por la seguridad, la migración y la inflación. La manera en que la Convención abordó estas materias tiene distintas valoraciones.
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Atender la movilización ciudadana era uno de los puntos base del Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019, donde los partidos políticos – salvo el PC- acordaron una salida institucional a la crisis y delinearon los pasos del proceso constituyente. El tiempo ha pasado, pero las preocupaciones se mantienen similares: delincuencia, seguridad, salud, educación, pensiones, siguen estando en la agenda, aunque ha irrumpido con fuerza la inquietud por la economía y los efectos del aumento de la inflación, la situación migratoria y el narcotráfico.
Considerando los resultados de la última Encuesta CEP, dados a conocer ayer, el sondeo “Chilenas y chilenos hoy” de diciembre de 2021, el análisis internacional What worries the world (Qué preocupa al mundo, de Ipsos) y las mediciones periódicas Pulso Ciudadano y Cadem, El Mercurio consultó a distintos abogados y expertos en estas materias si el texto de la Convención se hace cargo (o no) de estos temas.
Inquietud sobre derechos sociales
Distintos expertos fueron consultados en sus respectivas áreas: Salud, seguridad social, entre otros. En materia de educación, el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, señaló que la propuesta “representa a un sector del espectro político, pero no responde a una educación de más calidad y cobertura”.
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