Persisten dudas sobre su aplicación, y congresistas advierten que requiere varios ajustes. Ministro de Educación anunció que ingresará indicaciones para asegurar la calidad de los profesores.
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Por 31 votos a favor, dos en contra y una abstención, ayer la Sala del Senado aprobó en general el proyecto de ley que unifica las dos evaluaciones-docente y de desarrollo profesional-para terminar así con la llamada “doble evaluación” que critican los profesores de establecimientos públicos.
La iniciativa fue ingresada en enero de este año por el Ministerio de Educación, en línea con las demandas que ha realizado el Colegio de Profesores en su diálogo con el gobierno del Presidente Gabriel Boric.
De hecho, dentro de la respuesta al último petitorio del gremio, el ministro Nicolás Cataldo recalcó que se le otorgó suma urgencia al proyecto en el marco del “agobio laboral” que reclama el gremio.
Y aunque la idea de que haya solo una evaluación genera consenso, se han presentado reparos en la forma en que se lleva adelante. Esto, ya que el proyecto de ley considera terminar con la Evaluación Docente, y dejar solo el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, conocido como “Carrera Docente”, como el único mecanismo evaluador de los profesores.
El problema, se ha argumentado, es que este último instrumento no es el que fue diseñado originalmente para medir la capacidad pedagógica de los docentes, sino que funciona como una certificación para avanzar en los tramos de la Carrera Docente, y así los profesionales puedan optar a mejores cargos y remuneraciones.
Desde Acción Educar, advierten que, dado que la obligatoriedad de esa evaluación llega hasta el tramo 3, de “Avanzado”, una vez alcanzada esa etapa, quedaría a criterio de los profesores si se evalúan o no, por lo que a la larga se convertiría en un instrumento voluntario.
Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, dice que “el Senado le ha dado un voto de confianza a un mal proyecto, que debilita el aseguramiento de la calidad de la educación que reciben los estudiantes, dejando solo un mecanismos de aumento de remuneraciones”.
En ese sentido, critica que “el Congreso se alineó a la agenda de un gremio que estuvo dispuesto a suspender las clases incluso en la situación de crisis educativa en la que nos encontramos”.
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