El Mercurio: Senadores de oposición fijan condiciones para generar posible acuerdo en proyecto

• 12 de Octubre, 2018

Solicitan que se respete el debido proceso y también el trabajo legislativo que, durante las sesiones que vienen, incluirá cerca de 50 invitados.

Por P. Giovo, J. Herrera y D. Inostroza

Luego de las acusaciones que hizo el Gobierno contra parlamentarios opositores, señalando que había obstrucción contra el proyecto Aula Segura, algunos senadores de la oposición explicaron ayer cuáles son las condiciones que se deberían cumplir para que respalden la iniciativa.

Juan Ignacio Latorre (Revolución Democrática) pide que se respete la presencia de los invitados a la comisión de Educación, que llegarían a 50, entre académicos, representantes de DD.HH., y alcaldes.

Además, Latorre -quien integra la comisión- señala que “tenemos que resguardar el debido proceso, pero creemos que la violencia escolar hay que abordarla de manera integral”.

En esa línea, el senador PPD Jaime Quintana -miembro de la misma comisión- dice que con un “plazo (para la defensa) de 5-7 días es imposible llevar adelante un debido proceso. Eso no toma menos de 10 días”. Ambos senadores coinciden al establecer dudas sobre una eventual reducción en los programas de convivencia escolar, capacitación y control de drogas y alcohol.

Alejandro Guillier (independiente) añade que Chile “necesita una política nacional de convivencia escolar, anotar caso a caso los factores predictores de la violencia escolar, las medidas de apoyo y acompañamiento a jóvenes o apoderados que caen en violencia”.

Para Pedro Araya (ind. PPD), Aula Segura “estigmatiza” a los jóvenes de la educación pública y establece que el verdadero trabajo debe hacerlo el Ministerio Público. Su par de bancada Ximena Órdenes dice que “la forma de abordar el problema no puede ser la marginación”.

Expertos educacionales cuestionan efecto de iniciativa

El proyecto de ley que pretende frenar la violencia de los escolares también es abordado por conocedores del sistema educativo.

Ernesto Treviño, director del Centro para la Transformación de la Educación (Centre UC), asegura que “el proyecto Aula Segura aborda desde una visión parcial y nada sistémica el problema de la convivencia y la violencia en las escuelas. Hemos visto actos de violencia de algunos estudiantes que deberían ser sujetos de una persecución legal por ser de carácter criminal. Sin embargo, expulsar a los estudiantes no resuelve el problema, solamente lo traslada a otro lado”.

Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, refuerza la idea de que “se quiere convertir la expulsión de alumnos en un deber, siendo que esa potestad ya la poseían los directores”. A su juicio, “la propuesta no contempla la agresión entre estudiantes ni la de otros alumnos a profesores, porque eso evidentemente es un problema mucho mayor”.

Nicole Cisternas, directora de política educativa de Educación 2020, relativiza su alcance: “Es insuficiente para abordar el problema de la violencia escolar, que es multidimensional. Aula Segura solo se centra en el estudiante y en las sanciones punitivas, situaciones que además creemos que la legislación ya contempla”.

Ver noticia en El Mercurio.