El Mercurio: Siete regiones no cuentan con instituciones técnicas que puedan acceder a la gratuidad el próximo año
Por J. Herrera
Largamente relegadas, las instituciones de educación superior técnica tuvieron un impulso el último tiempo, al punto de que el año pasado ofrecieron más de 10 mil programas en sus distintas sedes y modalidades. Eso, acompañado de un incremento en su matrícula: los institutos profesionales (IP) aumentaron en 60% sus inscritos entre 2010 y 2014, y los centros de formación técnica (CFT), en más de 15%. Mientras que las universidades tradicionales, en menos de 10%.
No obstante este escenario, los planteles técnicos son los que tienen más restricciones para acceder al sistema de gratuidad. Para que sus alumnos pertenecientes al 60% más vulnerable estudien gratis desde el próximo año, deben estar acreditados y ser sin fines de lucro.
Y con esos criterios, siete regiones se quedan automáticamente fuera, pues no cuentan con institutos o centros que cumplan con estos requisitos.
Un “mapeo” realizado por Acción Educar determinó que en Arica, Tarapacá, Atacama, Maule, Los Ríos, Aysén y Magallanes no hay ninguna institución que satisfaga los dos criterios impuestos por el Mineduc, pero tienen, en total, más de 300 sedes que fueron excluidas.
También se comprobó que en las otras regiones solo hay 16 planteles con sus respectivas sedes que sí cumplen las exigencias, mientras que hay 45 recintos de las universidades del Consejo de Rectores (CRUCh) que sí podrán ofrecer educación gratuita.
“La política anunciada, además de generar la discriminación arbitraria entre jóvenes de igual nivel socioeconómico, genera distorsiones a nivel regional”, indica Raúl Figueroa, director de Acción Educar, quien añade que un 35% de los alumnos más vulnerables del país se vería beneficiado con la política.
Ernesto Treviño, director del Centro de Políticas Comparadas de la U. Diego Portales, añade que “los estudiantes más vulnerables, dentro del 60%, con toda certeza van a quedar fuera de la gratuidad porque son los que van a los centros de formación técnica e institutos, o bien a universidades fuera del CRUCh”.
Figueroa también plantea que “es importante, cuando se diseñan estas políticas, tener en cuenta la realidad nacional y no solo la de la R. Metropolitana, por mucho que sea la región con mayor cantidad de alumnos e instituciones”.
Mientras que Treviño asegura que “no tiene mucho sentido la medida más que una interpretación de señal política. Pero definitivamente no va a poder seguir así, porque vamos a terminar como otros países en donde las medidas de gratuidad o de acceso a muy bajo costo a la educación superior terminan siendo subsidios regresivos a la clase alta, y eso es lo que lamentablemente se está apreciando”.
Cambios
El viernes, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, reiteró que uno de los motivos de que la gratuidad partiera por solo un grupo de planteles era económico. “Hemos dicho que no teníamos todos los recursos para ingresarlos a todos de inmediato. Eso es transparente, lo que no significa que no van a ingresar en etapas posteriores, porque van a incorporarse en uno o dos años más”, señaló.
Insistió en que lo que ocurrirá el próximo año “no es un punto final, es una primera etapa, y el próximo año el conjunto de las instituciones que cumplan con los requisitos para la gratuidad van a haber ingresado”.
Sin embargo, el director de Acción Educar sostiene que la política tiene que ser corregida. Según Figueroa, habría que diseñarla “de tal manera que no genere diferencias arbitrarias entre alumnos y, por lo tanto, estableciendo requisitos respecto de las instituciones que todas pueden cumplir y que sean coherentes con nuestro ordenamiento jurídico (…). Si la ley permite tener lucro, yo no puedo poner eso como una restricción”, dice.
Aunque afirma que está de acuerdo con que se les exija a las instituciones que reciban aportes del Estado sean sin fines de lucro, Treviño insiste en que “no puedes dejar a los IP y CFT fuera dado que son con fines de lucro, porque la normativa lo permite”. Por eso, sugiere “dar un plazo adecuado (para su transformación) de manera tal que no perjudiques a los estudiantes”.
El experto de la UDP postula, además, que el criterio para otorgar gratuidad en la educación superior “no puede ser institucional; el criterio tiene que ser de necesidades (…) porque si no, de un plumazo estás dejando fuera a muchos alumnos que no acceden a instituciones que son selectivas”, como lo son las del Consejo de Rectores.
“No es un punto final, es una primera etapa y el próximo año las instituciones que cumplan los requisitos para la gratuidad van a haber ingresado”. NICOLÁS EYZAGUIRRE, Ministro de Educación
“La situación da muestras, a mi juicio, de que es una política poco estudiada y que evidentemente tiene que ser corregida”. RAÚL FIGUEROA, Director Acción Educar
“Es como dejar territorialmente la mitad del país fuera. Entonces, no tiene mucho sentido la medida más que una interpretación de señal política”. ERNESTO TREVIÑO, Experto U. Diego Portales
Ver estudio de Acción Educar completo.
