Columna en El Mercurio: Sistema de admisión y reforma educacional

• 27 de Septiembre, 2017

Por Daniel Rodríguez, investigador de Acción Educar.

Según muestran datos recientemente publicados por la OECD, las personas que pasan por la educación superior en Chile ven sus ingresos aumentados, en promedio, en 2,3 veces, lo que convierte a la educación superior en un potente vehículo de movilidad social.

Este antecedente, junto a otros, plantean el desafío de definir una manera justa y eficiente de seleccionar a quienes accederán a esta educación.
El sistema de admisión chileno vigente tiene características positivas. Se trata de un sistema “ciego”, donde el estudiante solo es evaluado por su rendimiento y no por otras consideraciones que podrían dar lugar a discriminaciones arbitrarias.

En base a una combinación de un número muy limitado de pruebas y antecedentes de su rendimiento previo escolar, los estudiantes puedan elegir entre una variedad de instituciones y carreras al momento de postular. Esto beneficia a los alumnos, ya que no los obliga a aprobar cursos especializados o rendir pruebas específicas, como ocurre comúnmente en otros países.

Se debe tener cuenta que la Prueba de Selección Universitaria prioriza la capacidad de predecir el desempeño del estudiante en el primer año de universidad por sobre los contenidos específicos.

Cabe destacar que muchas veces se acusa a la PSU de ser discriminatoria, crítica que se basa en la correlación positiva entre el resultado en la prueba y el nivel socioeconómico de los estudiantes; sin embargo, esta inequidad es solo un reflejo de la heterogénea calidad de los establecimientos de educación media del país.

El sistema también tiene desafíos importantes. El primero es limitar el uso inapropiado de los resultados de la Prueba de Selección Universitaria. Por ejemplo, no es adecuado usar los puntajes para el ingreso a Institutos Profesionales ni Centros de Formación Técnica, ni para evaluar a estudiantes de la educación media técnico profesional. Estas instituciones requieren otro tipo de instrumentos para medir las competencias apropiadas. Asimismo, los estudiantes que asisten a establecimientos TP tienen menos horas de formación general que los humanístico-científicos, y por lo tanto es esperable que los resultados de un test de admisión para la universidad muestren en promedio importantes diferencias.

Los alumnos TP obtienen en promedio entre 70 y 80 puntos menos en la PSU, lo que muestra que esta prueba no es adecuada para ellos.

Un segundo desafío tiene que ver con la forma de administración del sistema.

Hoy el llamado Sistema Único de Admisión se encuentra controlado por un grupo reducido de instituciones (el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, CRUCh) que, como es esperable, lo adapta a sus propias necesidades y prioridades.

Esto es problemático cuando se tiene en consideración que la operación del sistema es financiada con recursos públicos.

En las últimas semanas la opinión pública ha visto como una decisión del CRUCh respecto a la educación vespertina ha generado conflicto con algunas casas de estudio privadas que participan del sistema, pero no tienen influencia en este. Esto debe corregirse urgentemente, para permitir que las universidades administren de la forma más libre y autónoma posible sus procesos de admisión, gestionándolo de manera conjunta o independiente. Lo que debe evitarse es que el control del sistema recaiga, como ahora, en un grupo específico de instituciones, o en el Estado.

El proyecto de ley de educación superior, hoy en trámite, toma esta última opción al otorgarle a la nueva subsecretaría de educación superior el control del sistema de admisión. Si bien es positivo que el CRUCh deje de administrar un proceso que involucra a más universidades, esta decisión también implica un riesgo. Para mantener el carácter selectivo y académico de la admisión, es fundamental que el criterio principal del sistema sea el rendimiento académico (medido de diversas maneras) y no criterios políticos. Se corre el riesgo de que la Subsecretaría de Educación tienda a instrumentalizar la admisión a la universidad para fines políticos, en lugar de remitirse a su administración.

Ver columna en El Mercurio.