Por M. Toro
Son más de un tercio del sistema escolar, pero una vez que dan la PSU pasan a ser solo el 28% de la matrícula universitaria. En total, 176 mil jóvenes de colegios municipales lograron ingresar a una de las 59 casas de estudio del país, pero apenas el 20% se matriculó en una institución con 6 o 7 años de acreditación.
Todo lo opuesto a los egresados de colegios particulares: aunque son minoría en el sector escolar, el 40% de quienes entraron a la universidad lo hicieron en planteles “de excelencia”.
Así lo revelan los datos del portal Mi Futuro, del Mineduc, que perfiló la composición del alumnado de cada institución. En las universidades no acreditadas, más de un tercio de la matrícula viene del sector público, 56% del subvencionado, y apenas el 9% del particular.
Una brecha que continúa la segregación del sistema, según coinciden rectores y especialistas. Todos creen que el factor que explica esto se basa en las diferencias de conocimientos que se adquieren en el período escolar y que recoge la PSU.
“El sistema de admisión, en general, se estructura de tal manera, que termina privilegiando a los estudiantes de mayor nivel socioeconómico, porque las universidades usan principalmente la PSU como criterio, ya que garantiza a los planteles más selectivos mayores posibilidades de financiamiento”, comenta Ernesto Treviño, director del Centro de Políticas Comparadas en Educación de la UDP.
La dificultad de llegar a las instituciones más selectivas se ve aumentada, a su juicio, por el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), fondo que el Estado reparte en los planteles que capten a los 27.500 mejores puntajes PSU.
“Si los alumnos más vulnerables no tienen acceso a las mejores universidades es porque no logran los conocimientos que se requieren. Recibirlos, por lo tanto, significa nivelarlos y darles cursos especiales, una tarea que requiere más recursos. Así como existe la Subvención Escolar Preferencial -para niños vulnerables-, se debe reconocer que el problema llega a la educación superior”, dice el rector de la U. Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez.
De ahí que plantea la creación de un fondo que financie a las casas de estudio que reciban a estos jóvenes. “De esa manera, las instituciones estarían con más disposición a recibirlos. Hoy hay proyectos piloto, pero si el Estado tiene real interés en el tema, tiene que hacer eso”, agrega.
Inclusión y gratuidad
Una mirada similar tiene el vicepresidente del Consejo de Rectores, Juan Zolezzi. Junto con insistir en que hay que terminar con el AFI, plantea que hay otras alternativas, como los propedéuticos que él ha impulsado en la U. de Santiago.
Y aunque coincide con Benítez, advierte que hay que tener cuidado para evitar que se financie el ingreso de los estudiantes a planteles poco selectivos que no darán una buena formación. Por ello, propone una política que dé recursos por aquellos alumnos destacados en sus colegios.
“El Estado debería ser mucho más fuerte en promover que las universidades atiendan a todos los estudiantes que son primeros del curso. Hay que recogerlos de alguna manera”, dice.
Ernesto Treviño añade la idea de crear cupos para los mejores alumnos de cada colegio (público o privado), y no solo por plantel, sino que también por carrera.
Y aunque comparte el análisis, Raúl Figueroa, director de la Fundación Acción Educar, cree que “más que solo modificar el sistema de admisión, hay que darle al mundo municipal herramientas para que en su edad escolar puedan adquirir los aprendizajes necesarios”.
Hoy, el Gobierno ya impulsa su proyecto PACE, que dará cupos a los mejores alumnos vulnerables en cinco universidades públicas. Medida valorada por los especialistas, que advierten, eso sí, que no es suficiente.
De cara a la promesa de la gratuidad universal, Figueroa advierte que si no se hacen cambios en el sistema, terminará beneficiando a los jóvenes más ricos y alterando la libertad de los planteles. Esto, porque el programa de gobierno establece que la gratuidad solo irá a planteles acreditados que reciban el 20% de jóvenes vulnerables.
Sobre esto, el rector Benítez cree que lo fundamental es contar con planes de apoyo a los jóvenes. “Si no, vamos a estar felices porque dejamos entrar a los más vulnerables; pero infelices, porque no los dejamos salir”, dice.
Sin acreditación
En las Ues no acreditadas, más de un tercio de la matrícula viene del sector público, 56% del subvencionado y 9% del particular.
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