“No podemos prejuzgar lo que el Tribunal Constitucional determine, pero conforme a los estudios legales que hicimos todo está en regla de acuerdo a la Constitución”, dijo ayer el ministro Nicolás Eyzaguirre al llegar a La Moneda.
A la misma hora que él participaba del comité político, en el TC sostenedores, expertos, apoderados y diputados comenzaban los alegatos sobre el requerimiento puesto por parlamentarios de la Alianza, acusando inconstitucionalidad en algunos puntos del proyecto que pone fin al lucro, copago y selección.
“Esto es un autogol. Ahora ni los municipios podrán abrir nuevos colegios”, afirmó el representante de la Federación de Instituciones de Educación (FIDE), Rodrigo Díaz, quien cuestionó el artículo de la ley despachada por el Congreso que establece que no se pueden abrir nuevos colegios en zonas donde hay demanda satisfecha, a no ser que tengan un proyecto educativo diferente al que existe.
A juicio de los sostenedores, esta disposición limita la libertad de enseñanza y, según el director de Acción Educar, Raúl Figueroa, permitiría que solo en 7% de las comunas pudieran crearse nuevas escuelas.
“Dicen que en Cerro Navia está a resguardo el derecho (la libertad de enseñanza) porque se puede abrir un colegio privado, pero todos sabemos que casi ningún habitante de esa comuna podrá ir a ese colegio porque no tiene recursos”, afirmó, enfatizando que “la subvención es, por definición, el elemento de política pública que hace posible la libertad de enseñanza”.
Un argumento rebatido por el jefe de Educación General del Mineduc, Gonzalo Muñoz, quien también expuso ante el TC. “En nuestro país la garantía de la diversidad es el reconocimiento oficial, no la subvención”, respondió y aseguró que la reforma sigue la tendencia mundial y apunta a la calidad.
En esa línea, el académico de la UDP, Gregory Elacqua, defendió el fin de la selección, como una “herramienta que permitirá al Gobierno ver qué colegios aportan realmente en calidad”, mientras Julio Alvear, de la UDD, calificó la ley como una “tragedia griega, porque no deja otra alternativa que ocasionar efectos perjudiciales a los sectores que más lo necesitan”.
Efectos prácticos
Durante las audiencias, expusieron también Arturo Fermandois, consejero de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, Dafne Concha, vocera de la agrupación de padres Corpade, el diputado Giorgio Jackson (Revolución Democrática) y el jefe de gabinete de Camila Vallejo (PC), Leonardo Vilches.
Además expuso el abogado de los sostenedores agrupados en Conacep, Eduardo Escalona, quien argumentó que el proyecto limita la libertad de enseñanza en cuanto “obliga a sostenedores a ser solo propietarios o comodatarios de los colegios y además impide seguir arrendando”, y porque “se anula su libertad creando una lista taxativa ex ante del uso de los recursos”.
Hoy el TC recibirá a los parlamentarios que presentaron el requerimiento y al Mineduc. Se espera su pronunciamiento en un plazo de diez días.
Resolución
Tras los alegatos se espera que el TC dé su pronunciamiento en unos diez días.
Ver presentación de Acción Educar al Tribunal Constitucional.