Todavía no se define si será un encargado provisional o de cierre, con el cual se buscará garantizar la continuidad de estudios de más de 4.500 alumnos que agrupan ambas instituciones.
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Los últimos días se ha cuestionado el traspaso de $1.200 millones desde el Gobierno Regional de Los Lagos a la fundación Kimun, que hasta la semana pasada era presidida por Jaime Huincahue, quien se entregó a la Policía de Investigaciones (PDI).
Según declaró el vicepresidente de dicha entidad, Arnoldo Ñanculef, la organización no tiene para restituir los dineros, ya que Huincahue habría traspasado $900 millones al IP y CFT Los Lagos, de los cuales era el rector.
Continuidad educativa
La idea, según se insiste, es que los estudiantes puedan culminar sus carreras sin problema “y no queden en el aire”.
Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, considera que otros casos “bullados”, como el de la U. del Mar, sirven a la SES como experiencia para enfrentar estos conflictos.
“Estamos claramente en presencia de un acto reñido con la ley, pero contamos con una institucionalidad suficiente, con plenas atribuciones para enfrentar este tipo de casos, y lo más importante, una institucionalidad que puede proteger el derecho a la educación de los estudiantes y los derechos académicos”, observa.
En ese sentido, añade que “es fundamental que la superintendencia decida rápidamente si la medida más conveniente es un administrador de cierre, o la que arroje sus investigaciones, pero lo importante es que permita la continuidad de estudios de los alumnos, en esa institución o en otras”.
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