El Mercurio: TC tiene 20 días para resolver si la glosa de gratuidad discrimina entre estudiantes
Por J. Herrera, C. Carvajal y C. Said
El requerimiento que 31 diputados de Chile Vamos interpusieron ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar los criterios con los cuales se van a distribuir los $536 mil millones asignados a la gratuidad 2016 pasó su segundo trámite formal. Ayer, los diez ministros del pleno resolvieron, por unanimidad, declarar admisible la presentación.
Así, el próximo jueves 10 de diciembre se realizarán los alegatos de los abogados (ver recuadro), y en esa audiencia el organismo comenzará a revisar el fondo del requerimiento.
Un día antes, y a petición de los parlamentarios, se realizará una audiencia pública donde se escucharán a todas las organizaciones aludidas.
Una de las presentaciones correrá por cuenta de la bancada del Partido Comunista. Los diputados Camila Vallejo y Daniel Núñez se inscribirán hoy para presentar su punto de vista. Vallejo ha señalado que la oposición, a través de su recurso, busca “defender un modelo que en sí mismo es discriminador. Hay estudiantes en universidades creadas para cobrar, y jamás presentaron un requerimiento”.
Raúl Figueroa, director de Acción Educar, también participará con una exposición que buscará “dejar en evidencia cómo la glosa presupuestaria implica un cambio de paradigma”.
A su juicio, la glosa cambia la actual estructura, pues hoy “nuestro sistema se caracteriza por financiarse a través de los aranceles que cobran las instituciones, y el Estado participa con recursos para ayudar al pago de estos (becas)”. Esto cambiaría con la gratuidad 2016, porque los recursos irían directamente a las instituciones.
De esta forma, se pretende reafirmar uno de los puntos impugnados por la oposición, que señala que la política no debió haberse tratado en la Ley de Presupuestos, sino en una ley separada, por tener consecuencias a largo plazo.
Otro punto cuestionado es que los criterios para entregar los recursos son discriminatorios. Sobre este tema, el ministro del Interior, Jorge Burgos, señaló en una entrevista radial que “si la causa es un alegato más de fondo de que se produce una discriminación arbitraria, creo que muchas veces las leyes tienen que discriminar, es imposible que las leyes no discriminen frente a distintas situaciones o grupos”.
Ante eso, el diputado Jaime Bellolio (UDI), uno de los patrocinantes del requerimiento, respondió que “una cosa es hacer una discriminación racional y, otra, una arbitraria, caprichosa. Es decir, que a estudiantes que están en la misma condición se les trate de manera distinta”.
Piden más plazo
Los primeros 10 días que tiene el TC para fallar acaban el domingo 13, pero según ha trascendido, los ministros pedirán una extensión de 10 días para pronunciarse. Así, el fallo podría darse a conocer máximo el 23 de diciembre, un día después de que venza el plazo que tienen las instituciones de educación superior para ratificar que se sumarán a la gratuidad.
Ante ese escenario, Ángela Vivanco, abogada constitucionalista y vicerrectora académica de la U. Santo Tomás, señala que “si esto está cuestionado, sería importante que el Gobierno hiciera una prórroga del tema de adscribir a la gratuidad, porque cualquiera que quiera adscribir lo tiene que hacer con las condiciones definitivas”.
En esa misma línea, el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, señaló que el Gobierno no debería esperar a que el tribunal falle, sino que “debe decir con toda claridad y dar certezas de que se implementarán medidas institucionales y administrativas para impulsar becas que aseguren gratuidad a los cinco deciles”.
- Martes: Vence el plazo para que los involucrados presenten antecedentes sobre el requerimiento.
Ver noticia en diario El Mercurio
