En enero de 2012 un correo electrónico alertó a la Comisión Nacional de Acreditación, que a su vez avisó a Contraloría, y esta al Ministerio Público. Estallaba la denuncia de que el ex rector de la U. del Mar, Héctor Zúñiga, habría pagado $60 millones por asesorías al ex presidente de la CNA, Eugenio Díaz, justo después de que este acreditara al plantel.
Tras largas investigaciones, 2012 terminó con el Consejo Nacional de Educación (Cned) decretando el cierre de la U. del Mar y la fiscalía formalizando a autoridades de tres instituciones y a Eugenio Díaz por soborno, cohecho y lavado de activos.
Con el sistema en entredicho, la CNA y los planteles revisaron sus protocolos y aunque aún algunos no se acreditan, la mayoría de los jóvenes ya no estudia en ellos. Así lo muestran las cifras de un informe de la División de Educación del Mineduc. “De las instituciones autónomas, todas las universidades del Consejo de Rectores están acreditadas. Hay 13 privadas no acreditadas, a las que se suman casi la mitad de los IP y CFT, en su mayoría de menor tamaño. Sin embargo, a agosto de 2014, 88% de la matrícula estudiaba en instituciones acreditadas”, advierte.
A ello se suma un aumento en la contratación de docentes de planta. Si en 2012 había 29 mil, hoy son 42 mil. Alza de 41,5%, mucho mayor al 7% que creció la matrícula en ese mismo período.
“Hace una década el foco estaba en mejorar la cobertura; ahora, con un sistema maduro, el desafío es su calidad (…) Casos como el de la U. del Mar alertaron a los estudiantes a considerar aspectos como la acreditación y otras variables como acceso a ayudas estudiantiles del Estado, empleabilidad, etc. Y por otra parte, fue una señal para las instituciones y el sistema sobre la garantía pública de calidad”, sostiene Ignacio Irarrázaval, presidente del Cned.
En medio de los anuncios de un nuevo sistema de regulación y financiamiento a la educación superior, Raúl Figueroa, director de Acción Educar, dice que el desafío es reducir las brechas que aún muestra el sistema. Y es que mientras las universidades tradicionales tienen sobre 20% de sus académicos con doctorado, en las privadas hay solo 7%. En ese sector, más de la mitad de sus docentes trabaja ahí menos de 11 horas a la semana.
“Necesitamos un sistema de aseguramiento claro respecto a indicadores y estándares cuantitativos y cualitativos; que permita la evaluación de la calidad y su fomento”, dice Irarrázaval. En ello coincide Raúl Figueroa, que advierte eso sí que la mayor regulación no debe “confundirse con una necesidad equivocada de homogeneizar el sistema”.