Según la rectora de la universidad, Pilar Romaguera, la institución cumpliría con todos los requisitos exigidos por la ley.
Escrita por Max Chávez.
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Actualmente son 36 las universidades del país que están adscritas a la gratuidad. A estas se suman ocho instituciones profesionales y 22 centros de formación técnica. En total, gracias a este beneficio, más de 450 mil del país, pertenecientes a los primeros seis deciles de menores ingresos, tienen acceso a la educación superior de manera gratuita.
Sin embargo, recientemente la Universidad de Las Américas, denunció públicamente a través de una carta al director publicada en “El Mercurio” que, pese a que la institución realizó el proceso para incorporarse a este beneficio, el Ministerio de Educación habría rechazado la solicitud.
Pilar Romaguera, rectora de la universidad, afirma que “la respuesta inicial de la Subsecretaría de Educación Superior fue no acoger la solicitud. En los plazos establecidos, UDLA presentó una apelación, profundizando en los fundamentos que indican el cumplimiento por parte de la universidad de todos los requisitos establecidos”.
Juan Eduardo Vargas, ex subsecretario de Educación Superior, señala que “la única razón que puede invocar la Subsecretaría para denegar una solicitud como esta es que la institución no cumpla con alguno de los requisitos que la ley establece para que una institución pueda adscribir a la política de gratuidad. Solamente eso”.
A juicio de Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, “las razones de una denegación debieran ser, teóricamente, muy fáciles de transparentar. Pero al ser un proceso opaco, es difícil saber hasta qué punto el rechazo al acceso puede tratarse de un acto arbitrario o basarse en antecedentes incompletos. Además, el discurso público ha sido el de revisar el diseño de la política de gratuidad, lo que agrega dudas al respecto. No es descartable que, por razones presupuestarias y políticas, la autoridad quiera evitar que instituciones grandes y privadas accedan a la gratuidad”.
Consultados, desde la Subsecretaría de Educación Superior, señalan que todas las instituciones que se presenten al proceso de adscripción a la gratuidad “son analizadas en su mérito de acuerdo a la legislación vigente. En tanto existan los procesos administrativamente pendientes en las distintas instancias, no le corresponde al Ministerio referirse públicamente, en resguardo de los derechos de los solicitantes”.
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