El Mercurio: UDP cierra su Instituto de Políticas Públicas y expertos apuntan a la gratuidad como causa

• 26 de Enero, 2018

La semana pasada, la Universidad Diego Portales confirmó el cierre de su Instituto de Políticas Públicas, dependiente de la Facultad de Economía y Empresa, lo que implica la salida de su directora, Kirsten Sehnbruch, de los académicos Esteban Calvo y Rubén Castro y de la encargada del magíster en Políticas Públicas, Claudia Sanhueza (RD).

La medida fue tomada en medio del complejo contexto financiero de la UDP, uno de los planteles con mayor brecha económica debido a la gratuidad, unos $3.600 millones anuales. El rector Carlos Peña ha advertido que podrían abandonar esta política.

Pese a ello, el decano de la facultad, Fernando Lefort, atribuye el cierre del instituto, principalmente, a la necesidad de reestructurar ciertas áreas. “Tuvimos un proceso de planificación estratégica el año pasado, y de eso salió la necesidad de profundizar y enfocarnos en algunas áreas particulares, asociadas a la gestión de empresas, que son nuestras áreas principales de enseñanza”, plantea.

Admite, no obstante, que “si nuestra restricción económica presupuestaria fuera menor, podríamos eventualmente hacer esto sin necesidad de reestructurarnos”.

En cambio, el desvinculado Rubén Castro afirma que la reforma a la educación superior “ha ido presionando la baja en los ingresos de las universidades privadas”, por lo que estas han debido concentrarse en algunos objetivos.

Primeros impactos

Fuera de la UDP, el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, dice que el diseño de la gratuidad implica situaciones deficitarias para las instituciones que, inevitablemente, provocan que estas dejen de hacer “cuestiones que son accesorias a la docencia, pero que son muy importantes para darles un sello a los proyectos”.

Para Ernesto Treviño, director del Centro para la Transformación Educativa de la U. Católica, esto evidencia “el gran problema de la gratuidad para con las instituciones, no para con los estudiantes”, pues la política está pensada para tener solo universidades que hagan de docencia, y sus incentivos apuntarían a tener “universidades privadas bastante mediocres, que no puedan hacer investigación o salir de la gratuidad”.

Ambos coinciden en que son los primeros efectos palpables de las brechas provocadas por la fijación de precios. Y llaman a revisarlas, pues de lo contrario los planteles chilenos perderán competitividad internacional.

Ver noticia en El Mercurio