“La solución dada a la injusta distribución de la gratuidad del año 2016 es más discriminatoria y arbitraria que la alternativa anterior”. Así de crítica es la declaración de la Corporación de Universidades Privadas (CUP) -que agrupa a 17 planteles- sobre los nuevos criterios que fijó el Gobierno para acceder a la educación superior gratuita el próximo año.
Según el presidente de la organización y rector de la U. Santo Tomás, Jaime Vatter, este nuevo mecanismo “intensifica la arbitrariedad”, pues los recintos privados deben tener cuatro años de acreditación para acceder a la política, “mientras que hay planteles del Consejo de Rectores (CRUCh) que no cumplen con eso”, como las universidades Arturo Prat, de Los Lagos, UTEM y Católica de Temuco, certificadas por tres años.
Critica que estas exigencias se hagan sobre la base de “lo que se cree que será la ley” de gratuidad universal, sin que ellos hayan aún sido debatidos por el Congreso.
Su opinión es sentida por el rector de la U. Andrés Bello, José Rodríguez: “Los criterios para acceder a gratuidad debieran ser comunes a todas, porque la calidad debe medirse con una misma vara”, sostiene, y califica como “insólito e insostenible” que a las privadas se les pida un piso de acreditación: “Es decir, el Estado acepta menos calidad para una universidad del CRUCh que para una privada”.
También hace ver que se les obliga a tener niveles de participación estudiantil que ni siquiera se les piden a las estatales. “No existe argumento válido que justifique lo anterior. Claramente, esto constituye otra discriminación impresentable”, concluye.
El rector de la U. Central y ex ministro del primer Gobierno de Bachelet, Santiago González, también es duro: “No se está pensando en la vulnerabilidad de los estudiantes. (…) El Ejecutivo está cometiendo un error”.
El rector de la U. Academia de Humanismo Cristiano, José Bengoa, subraya pese a que él fue elegido con participación de estudiantes y funcionarios, el plantel no accederá a la gratuidad por tener tres años de certificación. “Sería un criterio discriminador de calidad que se apliquen los cuatro años de acreditación para un sector y para otro no”, sostiene.
Otros rectores esperan a tener más detalles sobre los criterios. Es el caso de José Antonio Guzmán, de la U. de los Andes, quien opina que no se debe exigir participación estudiantil, pues “las universidades deben tener autonomía”. De todas formas, valora el anuncio de incluir a planteles privados, pues “se está reconociendo el aporte que hacen al país”.
Más positiva fue la reacción de Jorge Baeza, rector de la U. Católica Silva Henríquez, pues dice que su institución cumple con los requisitos: “Ha primado un ejercicio de ciudadanía activa, donde se ha escuchado, dialogado y debatido el planteamiento de distintos actores de nuestra sociedad”, afirma.
Ayer, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, explicó los alcances que tendrá la política: “Lo que estamos haciendo este año es adelantar un aspecto de la reforma de educación superior que tiene muchos otros elementos, como la creación de una Superintendencia y de una Subsecretaría de Educación Superior”. Destacó que los alumnos que tienen becas y créditos mantendrán sus beneficios.
Según el jefe de la División de Educación Superior, Francisco Martínez, cerca del 20% de la matrícula de educación superior podría estudiar gratis el próximo año, pero advirtió que “eso dependerá de las instituciones que tomen la decisión de ingresar el próximo año al sistema”.
41 mil alumnos del CRUCh y técnicos dejan de recibir el beneficio
Los rectores de la U. de Chile y la U. de Santiago lamentaron ayer que la gratuidad pasara de beneficiar al 60% de los alumnos más vulnerables, al 50%. “Lo lamento por ese 10% que quedaría al margen, pero creo que van a poder recurrir al sistema de becas”, dijo Juan Manuel Zolezzi.
Según un análisis de Acción Educar, serían 41.298 los alumnos de universidades del Consejo de Rectores y de los Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT), los que dejarían de recibir el beneficio, por el cambio de criterios anunciado el lunes.
Cuando la gratuidad iba a ser para el 60% de los alumnos vulnerables, 217 mil jóvenes se verían beneficiados, según Acción Educar. De ellos, 158 mil eran de universidades tradicionales y ahora el número bajaría a 128 mil. En cuanto a los planteles técnicos, los favorecidos pasarían de 59 mil a 47 mil. Esto, considerando solo a los planteles que se mantienen en la política, y no a las instituciones privadas que ingresarían a la gratuidad el próximo año.
Raúl Figueroa, director de Acción Educar, postula que aunque el cambio de criterios buscaba “reducir la discriminación” y abarcar a alumnos de la misma condición socioeconómica de más instituciones, esto no se cumplió del todo.
“En materia de los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, esa discriminación no se corrige y, por lo tanto, el efecto concreto del anuncio en los IP y CFT es que hay menos alumnos beneficiados, sin corregir la discriminación que había provocado el anuncio anterior”, dice Figueroa.
Esto se condice con un análisis de Avanza Chile, que sostiene que el 43% de los jóvenes de planteles del Consejo de Rectores pertenece al 50% más vulnerable de la población y en las privadas, la cifra no es mucho menor (35% está en ese umbral de vulnerabilidad). Pero, en los planteles técnicos, cerca del 50% de su matrícula pertenece a la mitad de menores ingresos.
Datos Clave: Criterios para la gratuidad
Alumnos: Deben pertenecer al 50% más vulnerable de la población. En una familia de cuatro personas, el ingreso per cápita tiene que ser de hasta $163 mil.
Instituciones: Serán las 25 universidades del Consejo de Rectores, los 7 institutos profesionales y centros de formación técnica sin lucro y acreditados, y las universidades privadas que cumplan con las exigencias que se detallan a continuación.
Acreditación: Los planteles privados que quieran acceder a la política deben estar acreditados por al menos cuatro años en gestión institucional y docencia de pregrado. El resto de las instituciones que estaban consideradas en la gratuidad para 2016 antes del lunes solamente tienen que estar acreditadas.
Lucro: La corporación que rige a la universidad privada interesada en la gratuidad debe estar constituida por entidades sin fines de lucro, explicaron ayer en el Mineduc. Francisco Martínez, jefe de Educación Superior, indicó que así “los directores de la universidad responden a instituciones que son sin fines de lucro y así estaríamos garantizando que los directores tengan orientación afín a lo que es la universidad”.
Participación: Se debe asegurar la participación de los estudiantes o de los académicos en instancias colegiadas, aunque sea solo con voz (no exige cogobierno ni incluir a los dos a la vez). Esto tiene que constar en los estatutos de las universidades.
Cupos: Las instituciones que participen de la gratuidad 2016 no podrán aumentar el número de vacantes que ofrezcan, en comparación con las de este año.
Mineduc ingresará indicaciones a Carrera Docente en una semana
Hasta el miércoles 12 de agosto tiene plazo el Ministerio de Educación para ingresar las indicaciones al proyecto de Carrera Docente, donde deberían estar incluidos los cambios que comprometió el Gobierno, en la negociación durante el paro del Colegio de Profesores.
La fecha fue acordada ayer entre la Comisión de Educación de la Cámara -donde se encuentra el proyecto- y la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, quienes también fijaron la votación de estas indicaciones para el martes 18 de agosto.
Entre los cambios que el Mineduc plantea están las mejoras al encasillamiento de los profesores en la carrera (para que solo los docentes que tengan nivel insuficiente en el portafolio queden en la etapa inicial) y a la progresión en la misma.