Luego de que los universitarios se manifestaran contra las alzas de aranceles en diciembre -hay 80 carreras que cuestan más de $5 millones al año-, en Acción Educar analizaron cómo se financia la educación superior.
Considerando los últimos estados financieros, determinaron que las 25 universidades tradicionales son las que más recursos estatales captan. En 2013, esos planteles recibieron $309 mil millones, cifra que representa el 98% del total de recursos fiscales que se dieron. El resto llegó a las universidades privadas, en especial a las del G8, las ocho instituciones adscritas al sistema de admisión vía PSU.
Raúl Figueroa, director de Acción Educar, sostiene que “las universidades que no son del Consejo de Rectores tienen por principal y casi única vía de financiamiento el cobro de aranceles”. El 84% de esos ingresos se explica por las mensualidades de los estudiantes, mientras que en los recintos tradicionales, los aranceles representan el 45% de sus recursos.
Ante esta situación, “lo razonable sería no alterar la lógica de los aranceles, que tiene que ir acompañada de becas y créditos, y revisar el sistema de ayudas”, sostiene Figueroa.
Según el abogado, los beneficios que reciben los alumnos de universidades privadas son inferiores, por lo cual habría que hacer cambios, con el fin de evitar que sean los jóvenes los perjudicados. Añade que “habría que revisar la asignación de recursos fiscales a las universidades, y transformar la lógica de aportes directos en una de fondos concursables para todas las instituciones”.
Rubén Covarrubias, rector de la U. Mayor -plantel que es parte del G8- sostiene que se debe “buscar una fórmula de financiamiento distinta para todas las universidades, sean privadas o estatales, que tenemos como resultado un bien público”.
Agrega que “se les pide una competencia igual a las universidades, sin tener las fuentes de financiamiento que ellas tienen. Me parece discriminatorio”.
Inversión
En 2013, las 59 universidades realizaron inversiones por más de $340 mil millones, y el 62% fue de privadas. Las universidades del G8 fueron las que tuvieron una mayor proporción de inversión, y destinaron más de $107 mil millones a esa área.
“Una universidad que tiene más de 100 años, como la U. Católica o la U. de Chile, tiene su desarrollo básico en materia de infraestructura solucionado. En consecuencia, en nuestras instituciones, para ser realmente universidades, tenemos que recurrir a inversiones muy fuertes”, sostiene Covarrubias.
Los planteles con un menor grado de inversión fueron los públicos. Según Marcela Letelier, vocera (s) del Consorcio de Universidades Estatales, esto se debería a que desde el 2006 las instituciones privadas “tuvieron una expansión muy grande (…), lo que implicó grandes inversiones”. Mientras, las instituciones públicas estuvieron restringidas, por temas de recursos, y por ley. “Las estatales no se pueden endeudar más allá de un período presidencial”, y recién el año 2011 pudieron comenzar a pedir créditos a largo plazo, sostiene Letelier.
Añade que “a una universidad le cuesta tres veces más que al sector privado poder materializar una inversión, porque tiene que seguir una serie de requisitos, partiendo por ChileCompra, recurrir a Contraloría, entre otros”.
Ver estudio de Acción Educar sobre estados financieros de universidades.