El Sur: Nudos de la educación superior

• 27 de Diciembre, 2021

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

Educación no fue un tema prioritario durante las campañas presidenciales. Si bien esto puede tener varias explicaciones -siendo la más evidente que hay acuerdo transversal en que el foco del próximo año es retomar la presencialidad en el sistema escolar, algo que todas las candidaturas han concordado-, en ningún caso implica que los problemas y desafíos que el país tiene en la materia estén resueltos: muy lejos de ello. En educación superior hay al menos tres nudos a resolver.

El primero es la gratuidad. Hoy es tolerada por sus opositores (pues es muy popular), pero convenientemente olvidada por sus promotores. Su altísimo costo fiscal de $900.000 millones y la deficiencia de su diseño mediante fijación de precios, dejó al sistema en un equilibrio precario. Nadie se atreve a tocarla (sorprende que el proyecto de ley para aumentarla al séptimo decil más vulnerable en instituciones técnicas no se ha tramitado), pero tampoco puede seguir así. El mal diseño de esta política ha generado inestabilidad y soluciones parche: cada año los rectores del Consejo de Rectores (Cruch) bregan al Parlamento para usar recursos del Fondo Solidario de Crédito Universitario para costear el déficit que les genera la gratuidad a la que accedieron voluntariamente. Los aranceles siguen fijados de forma transitoria, dado que las universidades no se conforman con la tarifa que determina el Estado en base a costos (otro problema de diseño). No es claro hasta cuando esto podrá resistir.

Lo segundo es el Crédito con Aval del Estado (CAE). Más allá de la campaña de desprestigio brutal que este beneficio recibe por parte de la actual oposición, cada año 60.000 estudiantes acceden a la educación superior gracias a dicho financiamiento. Este crédito admite mejoras -tanto Bachelet como Piñera presentaron iniciativas para reemplazarlo-, pero en lugar de eso, ciertos sectores políticos han promovido en la opinión pública eliminarlo y condonar la totalidad de la deuda, lo que implicaría desembolsar la impresionante cifra de US$9.000 millones. Pero el punto clave es que esto no se ha acompañado de claridad respecto a qué instrumento se usaría para suplirlo, y cuánto costaría este nuevo beneficio. Es fiscalmente impracticable convertir el CAE en Gratuidad, además de regresivo e injusto, y su sector se ha opuesto a otras formas de crédito. En otras palabras: es irresponsable proponer la condonación del CAE, pero más irresponsable aún es hacerlo sin una alternativa viable. Otro nudo que habrá que resolver.

El tercero es la protección de la diversidad del sistema. Chile cuenta con una variedad de instituciones del ámbito técnico, profesional y universitario que atienden las distintas necesidades y prioridades de la población en las distintas regiones. Existen proyectos estatales y privados, religiosos y laicos, orientados a la docencia o a la investigación, vinculados a sus regiones y también al mundo. Esta diversidad tiene dos amenazas. La primera es de antigua data y se relaciona a la discriminación en el trato que el Estado da a las instituciones. Los planteles privados no reciben fondos directos, las becas para sus alumnos son menos cuantiosas y los créditos estudiantiles tienen peores condiciones. Pero la amenaza más fuerte a la diversidad del sistema son ciertas visiones que recorren la Convención Constitucional. Es ahí donde se han escuchado propuestas en las que solo la educación estatal tiene cabida, y la educación privada, sin importar su calidad, debe quedar fuera. Ciertos convencionales podrían verse tentados a plantear una realidad que no existe en lugar de mejorar lo que hay, y la consecuencia de ello es evidentemente perder la diversidad que tenemos.

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