El Sur: Rectores aplauden decisión del Mineduc de modificar plazos para la acreditación

• 13 de Noviembre, 2018

Actualmente 14 planteles de la zona están en la incertidumbre respecto a las fechas y requisitos para certificarse en calidad.

Por F. Cuevas

El anuncio causó sorpresa. Y es que el jefe de división de Educación Superior del Ministerio de Educación (Mineduc), Juan Eduardo Vargas, en el marco de un seminario del foro educacional Aequalis en Santiago, anunció que el Ejecutivo ingresará un proyecto de ley misceláneo para modificar una serie de aspectos de la nueva ley de educación superior, que tras dos años de discusión se promulgó en mayo de este año.

El punto que ha generado mayor interés entre las casas de estudio tiene que ver con cambios a los plazos de acreditación, que incluso involucran la revisión del reconocimiento ministerial en caso de que no haya certificación de la calidad en la formación, tal como distintos actores señalaron durante los últimos meses.

A nivel local, al menos catorce instituciones verían afectado su proceso de acreditación considerando los plazos actuales, razón por la cual se valoró la decisión tomada por el Mineduc.

Cambio necesario

En la Universidad Católica de la Santísima Concepción (Ucsc) ya se iniciaron las primeras gestiones para su proceso de autoevaluación, previo a noviembre de 2020, cuando vence su certificación por cuatro años.

El rector Christian Schmitz señaló que “el proyecto de ley se piensa desde una base realista. Lo solicitamos desde el Consejo de Rectores, de la Red de Universidades Públicas no Estatales (G9), incluso la CNA lo dijo. Se planteaban plazos utópicos y difíciles de cumplir, con un cronograma centrado en el aseguramiento de calidad, dando solo un año para contar con los nuevos estándares de evaluación”.

Sobre la situación actual del plantel, detalló que “hoy se trabaja con un alto costo e incertidumbre en base a estándares que creemos que pueden ser los nuevos. Esas suposiciones generan un proceso de autoevalución que carece de toda certeza y propósito que contribuya a asegurar la calidad de la educación”.

En el caso de la Universidad del Bío-Bío (UBB), los plazos no alterarán el proceso de acreditación que actualmente llevan en curso, con la autoevaluación. El rector Mauricio Cataldo manifestó que la ley, en este punto, es perfectible, ya que “una de las cosas complicadas es que se establecen plazos poco realistas, y que aún no se tiene mucha certeza sobre los indicadores que se utilizarán para evaluar a las universidades. Es un gran avance el hecho de que esto se revise y se establezcan plazos más realistas; pero es clave que estos cambios se hagan en diálogo con las universidades”.

Su par de la Universidad Federico Santa María (Utfsm), Darcy Fuenzalida, explicó que “los plazos de instalación que dispone la ley es necesario ajustarlos. Son plazos estrechos, superponiéndose a los requerimientos de acreditación. Es un tema que es necesario corregir. Ahora, es importante que esto se haga por medio de una ley corta, ya que se deben hacer los ajustes; urge modificarlos, ya que hay universidades entrando a procesos de acreditación, con condiciones aún no resueltas”.

El porqué

Juan Eduardo Vargas, jefe de división de Educación Superior del Mineduc, detalló que “uno de los elementos que no quedó en la ley es el tránsito para el establecimiento de estándares de acreditación, lo que ha generado coincidencia en el diagnóstico, ya que sabemos que las instituciones se preparan con anticipación para los procesos de autoevaluación”.

Vargas reveló la semana pasada que “hay un espacio de mejora que hemos definido, tomando el toro por las astas y pensando en trabajar una ley miscelánea que corrija esto. Las instituciones no pueden acreditarse con estándares que no conocen”.

Sobre los plazos actuales, el rector Christian Schmitz señaló que “ya existen atrasos que hacen imposible alcanzar las metas y cumplir con lo propuesto con los legisladores. Es una ley imperfecta, que salió a través de jornadas extensas de trabajo de los parlamentarios, muy apresuradas y con visiones políticas que no contribuyen a la calidad de una buena ley. Lo reclamamos y se ve que teníamos razón, ya que se escuchó el planteamiento”.

Capacidad de diálogo

Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, centro de estudios de educación superior y presente en el seminario donde se realizó el anuncio, valoró la postura del gobierno en esta materia.

“Todo se había hablado al margen de lo oficial, pero nada concreto. Fue sorpresivo el anuncio llamando a legislar una ley corta, modificando plazos y estándares de acreditación. El anuncio es preciso y da cuenta de la voluntad de revisar la ley, que tiene varios problemas, interviniendo aquellos aspectos. Eso es una excelente noticia”, aseveró.

Además, dijo que el actual escenario es extremadamente complejo: “No hay dos opiniones respecto a que la ley como está es imposible de ejecutar, tanto con los plazos de acreditación como la puesta en marcha de la nueva CNA y de la Subsecretaría de Educación Superior. Esos procesos deben ser piloteados, probados en una universidad, ya que no podemos imaginarlo en un escritorio y ejecutarlo sin las pruebas necesarias”.

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