Por segundo año consecutivo las instituciones de educación superior que adscribieron a la gratuidad registraron un déficit financiero, aunque éste se redujo respecto del año anterior. Así lo indica un estudio de Acción Educar, que señala que esa situación afecta a diez instituciones, las que, en total, dejaron de recibir $17 mil millones.
La brecha se produce debido a la diferencia entre el “arancel regulado” –que fija el Estado a las instituciones que adscriben a la gratuidad– y el arancel real que cobraban esos planteles a sus alumnos. De todas formas, el déficit de este año es menor si se compara con el registrado en 2016, cuando llegó a cerca de $21 mil millones y afectó a quince instituciones. Esta disminución se debió a que el Ministerio de Educación implementó una nueva fórmula para calcular los aranceles de los planteles adscritos a la gratuidad, que pondera distintos factores, bonificando la investigación y los años de acreditación de las instituciones. Este año las universidades que presentaron el mayor déficit fueron nuevamente la U. Diego Portales ($5.330 millones), la U. Autónoma ($4.514 millones) y la U. Finis Terrae ($3.236 millones).
De las universidades del Consejo de Rectores (CRUCh) aquélla con mayor déficit es la U. Católica ($1.048 millones), aunque éste se redujo en cerca de un tercio respecto del año anterior. Para la elaboración del estudio, Acción Educar comparó el aporte que hizo el Estado a 44 planteles adscritos a la gratuidad con lo que éstos habrían recibido cobrando el arancel real.