La iniciativa cuenta con urgencia desde el Ejecutivo y ayer fue revisada en la comisión de Educación de la Cámara. Aunque hay voluntad de avanzar en la materia, algunas voces ya expresaron sus reparos.
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El pasado 5 de junio, el Gobierno ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, iniciativa que formó parte de los anuncios que hizo el Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública del 1 de junio.
La iniciativa, a la que se le aplicará urgencia para su tramitación, busca que los establecimientos sean espacios de protección y bienestar con medidas que previenen y erradican todo tipo de acoso, violencia o discriminación.
Además, recoge otras iniciativas que se han presentado en esta línea, como el proyecto conocido como “José Matías”, que toma el nombre del adolescente trans quien se quitó la vida en 2019 en Copiapó, tras sufrir bulliyng, e integra contenidos para abordar el bienestar de los equipos educativos, elaborados a partir de diversas experiencias, entre ellas la que llevó al suicidio a la profesora Katherine Yoma, este año en Antofagasta.
La iniciativa consta de cuatro ejes clave: en primer lugar, establece el rol del Estado para abordar la convivencia; como segundo punto, robustece el rol de coordinación y los instrumentos de gestión para la convivencia educativa, entre ellos, la obligatoriedad de que todos los establecimientos que reciben recursos o aportes del Estado cuenten con un coordinador de convivencia de dedicación exclusiva, jornada completa y perfil adecuado al cargo, considerando flexibilidades para ciertos establecimientos según sus particularidades. Como tercer eje, fortalece funciones institucionales que orienten un enfoque pedagógico (con más facultades en la Superintendencia de Educación y crea un Observatorio de la Convivencia Educativa en la Agencia de Calidad de la Educación); y en cuarto lugar, contempla el bienestar de los equipos educativos en los establecimientos.
Cuestionamientos por los recursos
Daniel Rodríguez director ejecutivo de Acción Educar, comenta que “es un muy mal proyecto, que reitera el extravío preocupante del Gobierno en materia legislativa. No se entiende qué relación ve el Gobierno entre la buena convivencia y este proyecto, cuyo foco es introducir elementos de cogobierno en todos los colegios de Chile y recargarlos de aún más de protocolos y obligaciones, sin entregarles un peso más”.
“Es incomprensible que se aumente la presión y responsabilidad sobre los directores sin darles recursos y quitándoles atribuciones. Con más papeles, sanciones y reglamentos no se soluciona la convivencia, sino con profesionales que trabajen en el establecimiento y ayuden a abordar la convivencia en sus distintas aristas”, precisó.