Emol: Expertos advierten sobre falta de regulación luego de que Laureate reconociera lucro en sus entidades

• 16 de Agosto, 2016

El grupo Laureate -que controla en Chile cinco instituciones de educación superior- elaboró un informe ante su inminente ingreso a la bolsa en Estados Unidos en el cual transparenta su modelo de negocios, revelando que a pesar de que en Chile no se permite el lucro en las universidades, la compañía considera que sus instituciones si lo tienen.

“A pesar de que estas entidades educativas pueden ser consideradas sin fines de lucro en sus países de origen y que operan en conformidad con sus respectivos regímenes (…) creemos que no cumplen con la definición de una entidad sin fines de lucro y los tratamos como ‘entidades con fines de lucro’ a efectos de contabilidad”, asegura el documento de 585 páginas presentado por el grupo en todo el mundo controla 87 instituciones y en Chile administra universidades como la Andrés Bello, Viña del Mar y Las Américas.

El “lucro” de las universidades de Laureate se percibe, según explican en el texto, de la venta de servicios desde la empresa a los establecimientos de educación superior, no de las utilidades mismas de las casas de estudios.

Al respecto, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, manifestó este martes que “el tema amerita una mirada más global con el Comité de Inversiones Extranjeras (el Ministerio de Economía), porque lo que está sucediendo aquí es que están basándose en leyes que tienen que ver con la inversión, pero que colisionan con leyes que el país tiene en materia de educación”.

El mecanismo que utiliza Laureate, según los expertos, no está prohibido en la legislación chilena, pero requiere de una regulación clara y no de la forma en la que estaría contemplada en la reforma a la educación superior, actualmente en trámite en el Congreso.

José Joaquín Brunner, experto en Educación e investigador de la Universidad Diego Portales:

“(La venta de servicios) es una forma que no estaba legislada en Chile, prohibiendo ese tipo de relaciones entre una universidad y determinadas empresas. Eso durante 15 años no fue objeto de discusión ni estuvo en cuestión ni a nadie le parecía que fuese irregular. Ahora tenemos una discusión respecto a eso y lo que hay que hacer es resolverlo con reglas claras y condiciones que tomen en cuenta los distintos intereses (…). Lo importante es tener gobiernos corporativos en las instituciones que realmente puedan supervisar el cumplimiento de estas reglas (…) Hay que regularlo bien, no tenemos que inventar la rueda, esta no es una cuestión religiosa, es una cuestión técnico jurídica y política”.

Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar:

“Hoy día la legislación no prohíbe que existan relaciones contractuales entre personas relacionadas a quienes controlan una determinada universidad (…). Existe la posibilidad de que se presten servicios remunerados, que no es lo mismo que retirar utilidades de una universidad. La discusión hoy día es cómo se regulan esas operaciones (…). Esa nueva regulación tiene que ser coherente con la manera en que el sistema de educación se ha desarrollado y por lo tanto más que prohibir estas relaciones, en mi opinión lo que corresponde es regularlas, asegurando por ejemplo que se lleven a cabo a precios de mercado y que bajo ningún punto de vista perjudiquen ni a la universidad ni a sus estudiantes”.

Ernesto Treviño, investigador y experto en Educación de la Universidad Católica:

“Esta noticia viene a demostrar que es bastante incompatible con la legislación chilena el formar parte de un grupo de universidades a nivel mundial que tiene fines de lucro cuando la legislación nuestra no lo permite, por lo tanto ahí queda abierta una duda y de todas formas va a ser necesario abrir una investigación judicial al respecto (…). Las investigaciones deberían ser sobre los mecanismos que llevan a cabo las universidades, que son esos procedimientos los que levantan sospechas y los que generan suspicacias respecto a cómo se transfieren los recursos. Porque en estricto sentido, los procedimientos que llevan a cabo las universidades miembros del grupo Laureate, particularmente aquellas que reciben fondos públicos, son legales por decirlo de alguna manera, pero no sabemos si esa legalidad respeta el espíritu de la ley o más bien es un procedimiento que se hace a través de un vacío legal para contravenir ese espíritu de la ley”.

Mauricio Bravo, experto en políticas educativas de la Universidad del Desarrollo:

“Hoy día en Chile, hasta el momento, Laureate está cumpliendo con la normativa actual. Hay unas investigaciones en curso, pero no han tenido resultados todavía. Hasta el momento todas las universidades que ellos están administrando están cumpliendo con la norma, son universidades sin fines de lucro, están acreditadas y cumplen con todos los requisitos que la normativa les exige. Si no fuese así, no podrían existir. El problema es con la reforma que se está tramitando en el parlamento, que esa ley si se aprobase tal como está, tendría ciertos perjuicios sobre las universidades chilenas. Principalmente porque la reforma prohíbe las operaciones entre instituciones relacionadas. Si la ley se aprueba, Laureate no estaría cumpliendo con la normativa y tendría que buscar una forma de cumplirla”.

 

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