La situación ya había sido advertida por el Consejo de Rectores en agosto del año pasado y ahora fue confirmado por un estudio de Acción Educar. Esto afecta a 29 de las 30 instituciones que se sumaron a la política.
SANTIAGO.- Aunque miles de estudiantes fueron beneficiados al quedar exentos de pagar el arancel de sus carreras, las universidades que se sumaron a la gratuidad dejaron de recibir millonarias sumas de dinero.
Según un informe elaborado por Acción Educar, 29 de los 30 planteles que adscribieron a esa política dejaron de recibir, en conjunto, $30 mil millones.
¿De dónde se genera esa brecha? Lo que ocurre es que, para ingresar a la gratuidad, las universidades deben aceptar que el Estado fije el arancel que cobrarán a sus alumnos (“arancel regulado”), y en base a ese monto el Fisco transfiere los recursos a las instituciones.
La fórmula que estableció el Gobierno para calcular dicho “arancel regulado” es el “arancel referencial” (el que se usa para entregar las becas y créditos estatales) incrementado en hasta un 20%, dependiendo de los años de acreditación que tengan los planteles.
Sin embargo, este “arancel regulado” en la mayoría de los casos estaría por debajo del arancel real que cobraban las universidades a sus alumnos.
De hecho, Acción Educar afirmó que el arancel regulado que pagó el Mineduc es muy inferior al arancel real de cada carrera. De ahí proviene la brecha en los ingresos de las instituciones.
Es decir, que los $30 mil millones son la diferencia entre lo que las universidades habrían recibido si hubiesen cobrado el arancel real a sus alumnos, y lo que efectivamente recibieron, en términos de “arancel regulado”, por haber adherido a la gratuidad.
En agosto del año pasado el Consejo de Rectores (CRUCh) ya había advertido que la fórmula de pago del Mineduc les generaría brechas en sus ingresos. Ellos estimaban que serían diez las universidades afectadas. Aunque con los nuevos estudios la cifra ascendería al triple.
Además del “arancel regulado”, el proyecto de ley de educación superior –que se tramita en el Congreso– contempla, un fondo de investigación al que pueden postular las universidades que adscriban a la gratuidad. Sin embargo, éste aún no entra en vigencia.