Emol: Protocolos ante balaceras: el dilema entre el rol del Estado y la responsabilidad que se “adjudica” a los colegios

• 23 de Marzo, 2023

Expertos apuntan a que la “protocolización” de la vida escolar no es suficiente, puesto que lleva a las autoridades a “desentenderse del tema de la violencia y dejarles toda la responsabilidad a las familias y sus comunidades”.

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A eso del mediodía del martes comenzaron a suspenderse las clases en más de una decena de establecimientos educacionales de Valparaíso. La razón: A las 14.30 horas estaba programado un “narco funeral” que ponía en riesgo a la comunidad.

El hecho generó un cruce de declaraciones y de búsqueda de responsabilidades sobre un fenómeno que, desde el Municipio de Valparaíso, afirman que “ido escalando”. El propio jefe comunal, Jorge Sharp, emplazó a las autoridades del Interior a dotar a la región de los recursos necesarios para enfrentar este tipo de hechos y a “actuar ya”.

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo ayer que “no podemos permitir que el narcotráfico decida el calendario escolar”, y subrayó que “lo que necesitamos es hacer un trabajo colaborativo”, que incluya a las autoridades de los establecimientos.

En tanto, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, respaldó la medida de cancelar las clases ante este tipo de situaciones que ponen en riesgo a los estudiantes. Sus dichos generaron duras críticas en el espectro político, quienes acusaron al titular del Mineduc por una actitud de “pasividad” ante el fenómeno delictual y las acciones que se requieren para enfrentarlo.

Más tarde, el secretario de Estado anunció a través de su cuenta de Twitter que ayer la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito, presentarían “las orientaciones que elaboraron para todos los establecimientos educativos del país”, y agregó que “estos lineamientos contienen lineamientos e información específica para actuar ante situaciones que pueden poner en riesgo a las comunidades y cuándo es importante recurrir a las fuerzas policiales para su resguardo”. Sin embargo, aquello no ocurrió. Según conoció Emol, la actividad para presentar dichos lineamientos se suspendió por “temas de agenda”; sin embargo, ya se han presentado otras iniciativas desde la sociedad civil, precisamente para que se tomen medidas y protocolos que permitan, al menos, tener lineamientos claros al momento en que las comunidades escolares se enfrenten a estos hechos de violencia.

El debate por la “responsabilidad” en la prevención

Para Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, el problema que plantean los hechos de ayer “es si acaso el Estado va a permitir que organizaciones delictuales dicten el funcionamiento de servicios y derechos como la educación. En ese sentido, el mensaje de la Ministra Tohá fue categórico y positivo”.

Sin embargo, recalca que “lo grave de la respuesta del ministro Ávila, es que parece sugerir que las escuelas se adapten a la situación. Esto es una renuncia del Estado a proteger a sus ciudadanos, y reconoce que el derecho a la educación está sometido a la voluntad de la delincuencia. La interrupción de las clases es grave no en sí misma, sino como un síntoma de la incapacidad del Estado”.

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