Entrevista en La Segunda: “Este Gobierno desde el principio tenía claras las deficiencias” de la desmunicipalización

• 30 de Octubre, 2023

En entrevista a La Segunda, nuestro director ejecutivo, Daniel Rodríguez, abordó la crisis educativa en Atacama.

“Si uno observa las cuatro auditorías publicadas hasta ahora sobre Atacama (2 de Contraloría y 2 del Mineduc), hay graves faltas a la probidad, graves faltas de control administrativos y de gestión pública que lleva a la crisis actual, donde la incompetencia es evidente. Ahora, el nivel de lo que se ve en Atacama no se ve en todos los SLEP, peor hay patrones de problemas serios que tiene por diseño la Ley de Educación Pública”, dice.

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¿Por ejemplo?

Problemas de gestión, demoras en los nombramientos de jefaturas, dificultades para encontrar personas idóneas. Lo más complejo son las deficiencias en la gobernanza: el diseño de responsabilidades y atribuciones de los actores del sistema. Hay problemas presupuestarios, pues la manera de gestionar los servicios es muy limitada pese a ser autónomos y les cuesta resolver rápido problemas prácticos. A eso se suman problemas en los traspasos de colegios, diría hasta desidia de varios alcaldes.

Cuando se discutió la ley, advertiste que podía ser un “salto al vacío”

Sí, porque se creaba un tipo de servicio público que no existía y una institucionalidad sin precedentes con dos roles: ser un servicio público y a la vez ser sostenedor. Y se ha demostrado que ambos roles son incompatibles. Lo más grave es que no hay gobernanza. Por ejemplo, ¿Quién es responsable por lo de Atacama? el ministro Cataldo dice que no tiene atribuciones para intervenir y eso, en estricto rigor, es correcto, porque el responsable es el director del SLEP nombrado por el Presidente de la República. Lo que se identificó muy al inicio de esta reforma era que se diluían tanto las responsabilidades, que hoy no sabemos quién tiene atribuciones para arreglarlo ni quién fue el culpable.

Dado este problema de gobernanza, ¿no era evidente que fracasaría?

Quienes lideraron e impulsaron esta reforma, que fueron parte del gobierno de Bachelet y hoy son el gobierno, pecaron no solo de la soberbia de no prever posibles riesgos, sino que cayeron en una fe ciega en el Estado y en que las reformas estructurales solucionarían todos los problemas. No han sido capaces de diseñar buenas reformas ni de implementarla.

¿Las alertas fueron tardías?

Ya en la tramitación de la ley hicimos ver varios de estos problemas. Dijimos que mucho del diseño se basaba en voluntarismo, se miró en menos la gestión, las posibilidades de replicar un modelo centralista en todas las regiones y el conflicto institucional que significaba crear SLEP autónomos del Mineduc, pero dependientes de la Dipres. Ahora, una cosa es que la ley tiene graves deficiencias, pero otra cosa es que dado que esto ya ocurrió no es conveniente ni ponerle freno de mano, ni retroceder en este proceso. Hay que mejorarlo, corregir lo malo. Este es el minuto de definir si se sigue con esta política o se desecha, peor no detenerla, porque se le pone freno de mano, capaz que nunca se termine, además de ampliar la incertidumbre a las familias.

El Consejo de Implementación de la Educación Pública, que integras, encendió varias alertas, incluyendo un informe en abril. ¿Se desoyeron esas alertas?

Este gobierno desde el principio, al igual que el anterior, tenía clara las deficiencias, pero no tenía claridad de los espacios políticos para acometer las reformas necesarias. Ambos gobiernos presentaron proyectos de ley y el último proyecto de cambio de este gobierno está en suspenso porque el ministro anunció una indicación sustitutiva. Pero hay que ser justos: la implementación de los SLEP ha mejorado sustantivamente en la medida en que han ido avanzando, pero aún hay muchos desaciertos sin resolver.

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