Estudio: Presupuesto para gratuidad 2016 podría cubrir al 30% más vulnerable de todas las instituciones acreditadas
En la cuenta pública del pasado 21 de mayo, la presidenta Bachelet anunció que el año 2016 el Estado comenzará a financiar una gratuidad focalizada en el 60% de la población de menores ingresos del país, aunque sólo para aquellos estudiantes que asistan a universidades del Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (CRUCH) o a institutos profesionales y centros de formación técnica acreditados y cuya organización jurídica no permita el retiro de utilidades.
Una implementación de la gratuidad tal como fue anunciada en la Cuenta Pública genera una discriminación arbitraria entre estudiantes con las mismas necesidades económicas, al diferenciar según la pertenencia al CRUCH y según la organización jurídica de la institución, que nada tienen que ver con la calidad de la organización y con la vulnerabilidad del alumno.
Un estudio de Acción Educar estimó que con un monto similar al que tiene presupuestado gastar el gobierno para la gratuidad el próximo año (US $500 millones), se podrían financiar las carreras completas de los alumnos del 30% más vulnerable de todas las instituciones acreditadas del país, y no solo del grupo anunciado por la Presidenta.
La alternativa anterior tiene un costo incremental para el Estado de US $444 millones. Con un presupuesto algo mayor, de US $637 millones, se podrían financiar las carreras del 40% más vulnerable de todos quienes estudian en planteles acreditados.
La acreditación, que es el requisito que actualmente se exige para entregar becas y créditos estatales, es un criterio mucho más adecuado y objetivo que los escogidos por el gobierno para entregar gratuidad el 2016, y permite evitar diferencias injustas y arbitrarias hacia estudiantes con las mismas necesidades.
Es relevante que las políticas públicas no se diseñen sobre filtros arbitrarios que terminan coartando la libertad de muchos estudiantes de elegir instituciones de calidad y aquellas que sean de su preferencia. En efecto, existen universidades con varios años de acreditación, alta inclusión y numerosas publicaciones ISI tanto dentro como fuera del CRUCH, y, tratándose de institutos profesionales y centros de formación técnica, los hay organizados como corporación sin fines de lucro o con la posibilidad de retirar utilidades, y en ambos casos existen instituciones de calidad acreditada. Vale la pena mencionar que la legislación actual permite que las instituciones técnicas (CFT e IP) se organicen como sociedades con fines de lucro.
Costos y regresividad de la gratuidad universal
En el análisis también se pueden observar los costos de una política de gratuidad en varios escenarios. Mientras una política de gratuidad universal para todo el sistema de educación superior tiene un costo incremental de US $3.063 millones, una política focalizada en el 60% más vulnerable para todo el sistema cuesta USD$1.277 millones.
Otro dato que arroja el estudio es sobre la composición por quintil de la matrícula de educación superior, donde se ve que del total de alumnos que estudia en universidades, un 30% pertenece al quintil de mayores ingresos y un 12% al de menores ingresos. Se aprecia entonces que existe una alta concentración de estudiantes de sectores de ingresos altos, lo cual resulta ser una de las principales razones de lo regresiva que sería una política de gratuidad universal, es decir para todos. Según los cálculos de este estudio, el Estado gastaría 2,4 veces más en financiar las carreras de los jóvenes del 20% más rico, respecto a lo que gastaría en los del 20% de menos recursos. De esta manera el gasto fiscal estaría concentrado en quienes menos lo necesitan.
Ver estudio de Acción Educar completo.
