En diciembre del año pasado el Gobierno envió un proyecto de ley al Congreso que busca crear una red de Centros de Formación Técnica estatales con presencia en todas las regiones del país. El texto indica que los objetivos fundamentales que se persiguen con esta política pública son la descentralización de la oferta educativa, la vinculación con sectores productivos y necesidades locales y la formación de calidad en diversos contextos sociales.
Es discutible que las nuevas instituciones que se creen, por el solo hecho de pertenecer al Estado, tengan una ventaja en entregar una formación de calidad. Asimismo, es dable pensar que instituciones de educación privadas están en una mejor posición para vincularse con el sector productivo de cada una de las regiones del país.
Ambas razones ponen en duda la necesidad y la efectividad que tendrá esta red de CFT estatales. Más aún cuando actualmente existe una vasta oferta de carreras técnicas y profesionales que no requieren licenciatura por parte de instituciones estatales y otras privadas pertenecientes al Consejo de Rectores (CRUCH).
Indicadores de calidad de CFT e IP asociados a universidades del CRUCH
El estudio muestra que la realidad de los CFT e IP asociados al CRUCH es bastante heterogénea. Respecto a su calidad (medida a través de la acreditación institucional) conviven instituciones sin acreditación con otras que tienen 5 o más años. En el caso de los planteles estatales, sólo 2 de 5 instituciones tienen acreditación institucional vigente.
En este sentido, surgen dudas sobre por qué un CFT estatal podría ser más efectivo que las actuales o futuras instituciones privadas.
Tal como se aprecia en las siguientes tabla, los egresados de las instituciones asociadas a universidades estatales muestran los más bajos índices de empleabilidad y remuneraciones.
Promedio de empleabilidad según tipo de institución
Promedio de ingresos mensuales según tipo de institución
Nuevamente estas cifras hacen dudar acerca de la promesa de lograr CFT de mejor calidad y más vinculados al desarrollo productivo tal como se pretende. Por el contrario, más que la distinción y énfasis entre estatal o privado, debiera privilegiarse en la discusión de este proyecto la calidad de la educación impartida y sus resultados. Una posible manera de medir estas variables es, por ejemplo, a través del nivel de acreditación con el que cuenta cada institución.
Cobertura
La creación de nuevos CFT estatales en cada una de las regiones del país no parece una tarea prioritaria ya que son varias las alternativas vinculadas a instituciones estatales o del CRUCH con las que hoy cuentan los estudiantes del país, sin considerar la amplia oferta de instituciones privadas no pertenecientes al CRUCH que ofrecen carreras técnicas, alrededor de 90, algunas de las cuales han alcanzado un importante prestigio, como por ejemplo el caso de INACAP. En efecto, si sólo se consideran los CFT e IP asociados a las universidades del CRUCH, se observa que estos se encuentran distribuidos en prácticamente todas las regiones del país (salvo en las regiones XI y XII), e incluso, en muchos casos, estos poseen más de una sede por región.
En este sentido, el foco debiera situarse en lograr que los distintos tipos de instituciones entreguen educación de calidad y no en aumentar el número de instituciones por región.
Al mismo tiempo, cabe recordar que han existido experiencias de CFT de universidades estatales que no han logrado ser sustentables en el tiempo y que deben ser analizadas en profundidad para evitar que se repitan esos casos. Al menos tres CFT ligados a universidades estatales (Universidad de La Serena, Universidad de Chile y UTEM) cerraron en los últimos años.
Ver noticia sobre el estudio en El Mercurio.