Estudio: Gratuidad universal y su impacto en la cobertura
Más allá de los problemas de diseño que tiene una política de gratuidad universal, tales como la discriminación arbitraria de los alumnos según el tipo de institución que eligen, el alto costo alternativo y la regresividad en la distribución de los recursos; existe un serio riesgo de que un proyecto como el que se quiere implementar limite el aumento de la cobertura en educación superior que ha venido mostrando Chile, la cual ha estado impulsada especialmente por el ingreso de alumnos vulnerables al sistema. Esta alza lo posiciona como uno de los países más equitativos de la región latinoamericana y lo sitúa, en términos de tasa de matrícula, al nivel promedio de los países desarrollados.
La fijación de todos los aranceles de las instituciones de educación superior por parte del Estado, que es condición necesaria para implementar una política de gratuidad universal como la que ha planteado el gobierno, tendrá un efecto sobre la cobertura dado que será el Estado el que fijará los cupos para cada institución según el presupuesto disponible, lo que dependerá fuertemente de la política financiera de los gobiernos de turno.
Un estudio de Acción Educar estimó el costo fiscal adicional que se requiere para que no se produzca un freno en la expansión de la matrícula. El análisis concluye que para mantener una adecuada tasa de crecimiento en la cobertura, habría que sumar a los US $4.500 millones requeridos para entregar gratuidad universal en un escenario estático, otros US $412 millones al año siguiente de la implementación de esta medida, US $750 millones al subsiguiente, y así sucesivamente hasta el año seis, donde el costo se ve incrementado en poco más de US $1.400 millones.
Se trata de cuantiosos recursos adicionales para una política que, incluso sin considerar este ítem, resulta de un altísimo costo fiscal. En un escenario como el actual en Chile, donde la economía muestra fuertes signos de debilitamiento, y con la inevitable presencia de ciclos económicos, no se ve factible que el Estado pueda asegurar el necesario financiamiento que necesita la educación superior.
Un estancamiento del sistema impactaría la cobertura y afectaría negativamente especialmente a los jóvenes de más bajos recursos porque, de limitarse las vacantes, estas se llenarán primero con los mejores puntajes, los que provienen en mayor medida de niveles socioeconómicos más altos.
