El proyecto de ley que prohíbe el lucro, el copago y la selección que actualmente se tramita en el Senado obliga al sostenedor constituido como una sociedad comercial a formar una nueva persona jurídica sin fines de lucro, la que deberá ser dueña del inmueble educacional. Para realizar esta adquisición el sostenedor no recibirá recursos adicionales y por lo tanto deberá realizar esta compra con cargo a la subvención que le entrega el Estado para la educación de los estudiantes.
Un estudio de Acción Educar estimó cuantos colegios con fines de lucro, para realizar esta compra, deberán destinar más recursos que los que hoy gastan por concepto de infraestructura. Estos colegios hoy podrían estar arrendando o pagando un crédito por el inmueble.
Los resultados indican que aún en un escenario conservador, donde se utiliza una subestimación del precio del establecimiento que debe ser comprado y se supone que todas las utilidades de los establecimientos se utilizan para adquirir el plantel, además de lo que actualmente gastan en bienes muebles e inmuebles, se tiene que 1.607 colegios (480 mil alumnos) – un 58% de los establecimientos con fines de lucro de la muestra – no alcanzarían a financiar la compra de la infraestructura y terreno, a menos que resten recursos de otros ítems de gasto como el sueldo de los profesores u otros recursos educativos con el probable efecto negativo sobre la calidad de la enseñanza que entregan. Otra alternativa sería que estos colegios se vieran forzados a cerrar porque no podrían asumir este gasto extra.
En promedio, estos 1607 colegios tendrían que duplicar el gasto que hoy realizan para mantener la misma infraestructura donde funcionan. Actualmente destinan 11% de sus ingresos totales por subvención para arrendar o para pagar el crédito de su inmueble, pero para cumplir con lo que establece el proyecto de reforma escolar deberán aumentar dicho gasto al menos a 21%, durante 25 años.
Las cifras de este estudio son un aporte para comprender la magnitud de algunos efectos de la reforma educacional que lleva adelante el gobierno.